El antijudaísmo persiste: memoria, lenguaje y responsabilidades públicas
Un análisis de por qué el odio antijudío resurge en nuevas formas y qué demandas de transparencia pública exige la escena cultural.
Se trata de una advertencia: el antijudaísmo no es un vestigio superado sino una corriente que se actualiza y reaparece en el espacio público. El atentado contra la AMIA dejó 85 muertos, una marca indeleble de 1994 que sigue condicionando nuestro tejido social, según la propia AMIA.
¿Qué significa que el antijudaísmo esté "actualizado"?
Decir que el odio antijudío está actualizado no es un recurso retórico: es constatar que cambia de forma sin perder su función. En Argentina esa continuidad tiene referencias concretas: el ataque a la Embajada de Israel en 1992 dejó 29 muertos y la voladura de la AMIA en 1994 dejó 85 muertos, episodios que siguen siendo referente público y político, según registros históricos y las propias víctimas. A nivel civilizatorio, la catástrofe del Holocausto —más de 6 millones de judíos asesinados, según Yad Vashem— es la evidencia extrema de la persistencia de ese odio en escala industrial. Si el antijudaísmo muta —religioso, racial, ideológico o geopolítico— no es por falta de argumentos sino porque cumple la función social de proveer chivos expiatorios. Esa función no desaparece automáticamente con la modernidad; la modernidad la transforma y la disfraza.
¿Por qué reaparece ahora y quién lo alimenta?
Las reactivaciones del odio coinciden con crisis geopolíticas y con la expansión de canales de difusión. En Argentina, donde la comunidad judía ronda cifras que diversas organizaciones locales e internacionales estiman en torno a 180.000 personas (según World Jewish Congress), la proximidad mediática de conflictos externos y la polarización interna amplifican narrativas simplificadoras. El discurso público convierte hechos complejos en símbolos: el éxito, la visibilidad intelectual o empresarial de un grupo que históricamente destacó en varios ámbitos se vuelve, para algunos, motivo de recelo y conspiración. A su vez, redes sociales y circuitos culturales desregulados permiten la circulación rápida de acusaciones y estereotipos. Eso no significa que todo debate sobre política exterior sea antisemitismo, pero sí que la batalla cultural exige distinguir crítica política legítima de relatos que instrumentalizan odio. La historia argentina, con atentados emblemáticos y una comunidad activa, exige cuidado institucional y memoria informada.
Qué exigimos: transparencia cultural y políticas públicas coherentes
Celebramos el debate y la pluralidad cultural, pero observamos que espacios de la escena pública funcionan hoy como escenarios de disputa simbólica sin controles claros sobre recursos y responsabilidades. Cuando hay intervención o financiamiento público en eventos culturales donde se aborda memoria y conflicto, exigimos publicación de expedientes, auditoría independiente y debate parlamentario —las mismas demandas que hemos planteado en notas anteriores sobre la feria y el financiamiento cultural. No se trata de censurar autores: se trata de transparencia fiscal y de diseño de políticas que prevengan la instrumentalización del odio. La batalla cultural también es institucional: los organismos públicos deben rendir cuentas sobre asignaciones, criterios y evaluaciones. Sin transparencia, el relato se captura y la legitimidad de la pluralidad queda a merced de intereses opacos. Exigimos medidas concretas para que la memoria deje de ser arena y vuelva a ser objeto de política pública y de civismo.
