Causa Márquez y Asociados: la Justicia detuvo a tres mujeres más por integrar la presunta asociación ilícita

La investigación por la mayor estafa inmobiliaria de los últimos años en Córdoba sumó tres nuevos detenidos. La fiscalía a cargo de Enrique Gavier imputó formalmente a Florencia Páez, Laura Stancov e Inés Gutiérrez Lascano como presuntas integrantes de la asociación ilícita que operaba bajo la firma Márquez y Asociados.

Según los elementos reunidos hasta ahora, las tres mujeres habrían tenido roles activos en la estructura que captaba inversores, prometía retornos extraordinarios a través de operaciones inmobiliarias y luego desaparecía con los fondos. La mecánica, ya conocida en la causa, consistía en vender cuotas de propiedades que nunca se escrituraban o que directamente no existían.

Una de las imputadas, según informó Perfil, fue detenida en un control caminero en Copina mientras circulaba con un pedido de captura vigente en su contra. El hallazgo fortuito permitió avanzar en la red de complicidades que la Justicia sospecha que se extiende más allá de los nombres principales ya conocidos.

La causa, que ya acumula decenas de damnificados y montos que superan varios millones de dólares, se ha convertido en un caso testigo sobre cómo operan las asociaciones ilícitas en el sector inmobiliario argentino. Lejos de ser un grupo desorganizado de oportunistas, los investigadores sostienen que se trataba de una estructura jerárquica con división de tareas, falsificación de documentos y un sofisticado sistema de captación de víctimas.

Desde el punto de vista liberal, este tipo de fraudes masivos no solo dañan directamente el patrimonio de las personas, sino que erosionan la confianza en las instituciones y en el mercado mismo. Cuando la Justicia tarda años en actuar o cuando la burocracia impide que las víctimas recuperen lo perdido, el daño se multiplica. El Estado que no garantiza el derecho de propiedad y la seguridad jurídica termina siendo cómplice indirecto de estos esquemas.

Hasta el momento, la pesquisa ha revelado que la banda operaba con una fachada profesional, oficinas en zonas de alto tránsito y hasta supuestos abogados que avalaban las operaciones. Las nuevas imputaciones sugieren que el rol femenino en la organización no era marginal: se sospecha que algunas de las detenidas tenían a su cargo la atención personalizada de inversores, la confección de contratos truchos y el manejo de parte del dinero sustraído.

La detención en un control rutinario vuelve a demostrar un dato clásico de la criminología: muchas veces las grandes caídas no provienen de operaciones brillantes de inteligencia, sino de errores básicos y de la persistencia de los investigadores. En este caso, el pedido de captura vigente y un control caminero en la ruta fueron suficientes para cerrar el cerco sobre otra integrante.

La causa sigue su curso en los tribunales cordobeses. Se espera que en las próximas semanas haya más allanamientos y, eventualmente, pedidos de elevación a juicio. Para las decenas de familias damnificadas, cada detención representa una pequeña restitución simbólica, aunque la verdadera reparación —la devolución del dinero— parece todavía lejana.

Este caso no es aislado. En los últimos años se han multiplicado en el país las estafas inmobiliarias que prometen ganancias rápidas en un contexto de inflación crónica y desconfianza en los instrumentos financieros tradicionales. Cuando el Estado distorsiona la economía con regulaciones erráticas y emisión descontrolada, crea el terreno fértil para que proliferen estos depredadores financieros.

La Justicia tiene ahora la responsabilidad de avanzar con celeridad y transparencia. No solo para castigar a los responsables, sino para enviar una señal clara: el fraude sistemático no será tolerado en un país que aspira a reconstruir su credibilidad institucional y económica.