Cerimedo declaró que gana un millón de dólares por mes y admitió contacto directo con el presidente de Bolivia
El ex asesor de Javier Milei prestó declaración en una causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, donde reveló sus ingresos millonarios y su acceso directo al mandatario boliviano.
Santiago Cerimedo, ex asesor del presidente Javier Milei, declaró ante la Justicia que percibe ingresos por un millón de dólares mensuales. Lo hizo en el marco de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se suma a otra causa por intento de femicidio contra su pareja embarazada.
La declaración se produjo este sábado 29 de agosto de 2026 en una audiencia judicial. Según informó La Política Online, el consultor político también admitió tener llegada directa al presidente de Bolivia, Luis Arce, lo que abre nuevos interrogantes sobre sus actividades transfronterizas.
Estas revelaciones se enmarcan en un contexto de creciente escrutinio sobre las finanzas de quienes orbitan el poder en la región. Cerimedo, conocido por su rol en campañas electorales y su influencia en redes, pasó de ser figura en el ecosistema mileísta a estar bajo la lupa de la Justicia por posibles irregularidades en el origen de su patrimonio.
El monto declarado —un millón de dólares por mes— resulta llamativo incluso para estándares de consultoría política de alto nivel. En un país donde el salario mínimo ronda los 500 dólares, esa cifra genera naturalmente preguntas sobre qué servicios justifican semejante retribución y quiénes son los clientes.
Más allá de los números, la admisión de acceso directo al presidente boliviano sugiere un rol que trasciende la mera asesoría de imagen. Bolivia atraviesa tensiones políticas crónicas y su gobierno mantiene una relación compleja con Argentina. Que un operador cercano al liberalismo argentino tenga línea directa con Arce invita a reflexionar sobre los verdaderos contornos del poder regional.
La causa por lavado y enriquecimiento ilícito no es la única que pesa sobre Cerimedo. Paralelamente enfrenta una acusación por intento de femicidio contra su pareja embarazada, un hecho de extrema gravedad que suma opacidad a su figura pública.
En términos más amplios, este caso ilustra un problema recurrente en la política latinoamericana: la dificultad para distinguir entre el ejercicio legítimo de la influencia y la acumulación de poder opaco. Los consultores que mueven millones mientras asesoran a mandatarios suelen operar en un terreno donde los límites éticos y legales se difuminan.
La Justicia deberá determinar si los ingresos declarados tienen justificación documental y si el contacto con el presidente boliviano obedeció a actividades lícitas o si encubre otro tipo de maniobras. Mientras tanto, la opinión pública recibe otra dosis de cinismo: otro operador que pasó de la militancia virtual a los grandes números sin que quede del todo claro cómo.
Lo cierto es que cuando alguien declara ganar un millón de dólares por mes y al mismo tiempo enfrenta causas penales de esta magnitud, la presunción de inocencia coexiste con la obligación de explicar. Explicar no solo ante el juez, sino ante una sociedad cada vez más escéptica de sus élites políticas y sus asesores.