Sube la liquidación de empresas en Colombia: cifras, causas y riesgos regionales

El número de empresas en proceso de liquidación en Colombia aumentó de manera marcada tras la pandemia: según la Superintendencia de Sociedades hubo 142 procesos en 2022, 368 en 2023 y 321 en 2024, un salto interanual de casi 160% respecto a 2022. Esta es la conclusión central del balance que reporta Infobae citando a la Superintendencia, aunque otras fuentes periodísticas registran series diferentes, lo que obliga a leer los números con cuidado. El primer dato es la noticia; la segunda es la dispersión de la información.

¿Qué pasó en Colombia?

Los datos oficiales muestran un aumento sostenido de los procesos formales de liquidación entre 2022 y 2024, con 321 procedimientos en 2024 según la Superintendencia de Sociedades. El fenómeno no es homogéneo: la región Occidente y Pacífico registró 101 procesos, mientras la Zona Norte reportó 34 y el Caribe 24, con variaciones interanuales de +120% en Occidente y +140% en Caribe, y disminuciones del 50% en Zona Sur, de acuerdo al informe citado por Infobae. Por actividad, el comercio lidera con 94 casos (25,5%), seguido por servicios 84 casos (22,8%), manufactura 70 (19%) y construcción 55 (15%), según la Superintendencia. Estas cifras revelan que la presión es selectiva y localizada, no una implosión uniforme del tejido empresarial.

¿Por qué aumentan las liquidaciones?

La explicación inmediata es macroeconómica: inflación por encima de la meta, tasas de interés elevadas y consumo privado ralentizado, que encarecen el capital y reducen la demanda, según el mismo reporte de Infobae. Esa combinación golpea con especial fuerza a empresas orientadas al consumidor final y a proveedores con apalancamiento, lo que se refleja en la concentración de cierres en comercio y servicios. Pero también hay factores institucionales: la dispersión del conocimiento sobre la viabilidad real de empresas, la lentitud o costo de reestructuraciones y la calidad de los datos públicos influyen en las decisiones de acreedores y administradores. Es razonable sospechar consecuencias no intencionadas de políticas monetarias y regulatorias cuando faltan auditorías independientes que midan su impacto real.

¿Cómo nos importa esto desde Argentina y qué conviene exigir?

Desde la orilla argentina conviene observar dos cosas. Primero, la dinámica regional muestra que shocks comunes pueden expresarse de formas heterogéneas según estructuras productivas locales; la experiencia colombiana debería servir para relativizar lecturas únicas sobre la salud empresarial. Segundo, y más importante, la respuesta pública: el superintendente Billy Escobar sostiene que la situación "sigue dentro de los parámetros normales" y destaca la creación de empresas, con más de 1.500.000 registradas según la Superintendencia. Esa lectura optimista no invalida la necesidad de transparencia. Exigimos publicación detallada de series completas, protocolos claros para procesos de reorganización y auditorías independientes sobre las políticas que inciden en la supervivencia de empresas. Sin esos pasos, la narrativa oficial puede subestimar riesgos y favorecer soluciones cortoplacistas capturables por intereses particulares.

Las cifras son claras pero la interpretación no lo es. La política pública prudente combina dos medidas: acelerar mecanismos eficientes de reorganización para salvar empresas viables y publicar auditorías independientes que evalúen el impacto de tasas, regulación y programas de asistencia. Solo así se evitan decisiones tomadas desde la pretensión de conocimiento y se minimizan incentivos perversos que pudieran convertir reactivaciones aparentes en subsidios a empresas inviables.