Solo 9 de 36 planchas entregaron informe: APP reporta S/7,2 millones y déficit
Nueve de 36 agrupaciones presentaron su primer informe financiero ante la ONPE; Alianza para el Progreso declara S/7,2 millones y un déficit de S/38.800.
Solo 9 de las 36 planchas presidenciales habían presentado su primer informe financiero ante la ONPE al vencimiento del plazo original del 20 de marzo, y la entidad amplió la fecha hasta el 27 de marzo para que se regularicen las presentaciones, según RPP que recoge los reportes entregados a la ONPE. En ese corte, Alianza para el Progreso aparece como la única agrupación con montos por encima de los S/7 millones, mostrando ingresos por S/7.196.365,60 y gastos por S/7.235.165,60, lo que arroja un déficit reportado de S/38.800, según los documentos publicados y citados por RPP. El informe cubre el periodo desde la convocatoria de marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de 2026, y la fotografía preliminar plantea preguntas sobre concentración de recursos y cumplimiento de reglas.
¿Qué muestran los números?
Los reportes disponibles evidencian una distribución altamente asimétrica del financiamiento en este primer tramo de la campaña; APP declara S/7.196.365,60 en ingresos frente a Fuerza Popular con S/590.138,58 y Renovación Popular con S/573.538,55, según los datos entregados a la ONPE y difundidos por RPP. Para tomar dimensiones, los S/7,2 millones de APP son casi 12 veces los S/590.138,58 reportados por Fuerza Popular en el mismo corte, lo que convierte a APP en un caso extremo de concentración temporal de recursos. El detalle del origen de aportes, también publicado en los informes, muestra aportaciones de familiares del candidato —dos aportes reportados entre S/600.000 y S/700.000 cada uno— y un aporte personal de César Acuña por S/500.000, además de montos significativos destinados a publicidad digital reportados por el secretario general, según RPP/ONPE. Estos números no solo cuantifican gastos sino que señalan patrones de financiamiento que merecen verificación documental.
¿Qué riesgos institucionales plantea esto?
La combinación entre pocos aportantes con montos elevados y el incumplimiento masivo de la obligación de presentar informes al vencimiento crea riesgos concretos de captura y opacidad; cuando 27 de 36 planchas no presentan la información exigida al 20 de marzo, la dispersión del conocimiento falla y el escrutinio público se debilita, según los plazos y cifras comunicadas por la ONPE y RPP. Además, el registro de aportes de familiares y de pagos por publicidad digital pone la lupa sobre transacciones que pueden disfrazar préstamos, reembolsos o servicios vinculados a intereses privados, y que requieren comprobantes, contratos y trazabilidad. La consecuencia no intencionada es obvia: la norma de transparencia pierde eficacia si la entrega es incompleta y si la fiscalización demorará en revisar la documentación, por lo que la pretensión de control corre el riesgo de convertirse en cosmética procedural.
¿Qué deberían exigir los ciudadanos y las autoridades?
Vemos dos exigencias mínimas: la publicación inmediata y legible de los respaldos de cada aporte y gasto, y auditorías independientes sobre los informes que muestren concentraciones atípicas, en particular aquellos con aportes familiares o montos destinados a publicidad digital, conforme a los reportes citados por RPP/ONPE. La ONPE debe acelerar la fiscalización del corte que abarca marzo de 2025 al 13 de marzo de 2026, sancionar incumplimientos y exigir facturas, contratos y registros bancarios que justifiquen los movimientos, porque la fiscalización formal sin acceso a documentos reproduciendo consecuencias no intencionadas —como impunidad técnica— no sirve. En segundo lugar, la sociedad civil y la prensa deben exigir comparadores estandarizados por candidato para distinguir patrones sistémicos de anomalías puntuales; solo así se corrige la dispersión del conocimiento que protege a los actores con mayor capacidad para ocultar enlaces financieros. En síntesis, transparencia inmediata, auditoría independiente y sanciones efectivas son los pasos indispensables para que los números de este primer corte no queden en una nota informativa sino se conviertan en información verificable y útil para la democracia.