Semana caliente para la causa ANDIS: desfasaje de $158 mil millones y declara la ex de Cerimedo

La causa que investiga irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una semana decisiva. Una auditoría interna detectó un desfasaje de 158.717.131,63 pesos entre los registros de "deuda" de dos áreas del organismo durante la gestión kirchnerista. El hallazgo refuerza las sospechas de malversación y falta de controles que ya venían acumulándose desde hace meses.

El informe de auditoría, que forma parte de la causa penal en marcha, pone en evidencia inconsistencias contables que no pueden explicarse por simples errores administrativos. fuentes judiciales consultadas indican que la diferencia aparece en las deudas registradas por prestaciones y asistencias a personas con discapacidad, un área sensible donde cualquier desvío afecta directamente a los más vulnerables.

Este lunes se conoció además que este miércoles declarará Nadia Beller, ex pareja del ex funcionario Juan Pablo Cerimedo, quien se encuentra en Bolivia. Beller fue citada como testigo en la investigación que tiene como principal imputado a Cerimedo, quien durante el gobierno de Alberto Fernández ocupó cargos clave en el área de discapacidad. Su declaración, que se tomará por vía remota, es esperada con atención porque podría aportar datos sobre el manejo de fondos y la operatoria interna del organismo.

La ex Agencia Nacional de Discapacidad fue durante años un verdadero botín político. Bajo la órbita de Desarrollo Social primero y luego con autonomía relativa, se convirtió en una caja de financiamiento discrecional que el kirchnerismo usó para sostener clientelismo y militancia. Los números ahora lo confirman: un desfasaje de más de 158 mil millones de pesos no surge por arte de magia. Requiere decisiones políticas y administrativas deliberadas.

Victoria Mansilla, analista político-cultural, sostiene que este tipo de casos ilustran perfectamente el axioma liberal de que el Estado de bienestar argentino es en realidad un Estado de malestar. "No protege a los vulnerables, los mantiene vulnerables para justificar su propia existencia y la de los intermediarios que viven de él", señala. En el caso concreto de ANDIS, los damnificados directos fueron las personas con discapacidad y sus familias, mientras una capa de funcionarios y punteros se repartía los recursos.

La causa penal avanza en paralelo a las auditorías que el actual gobierno está realizando en distintos organismos heredados. El desfasaje detectado no es un hecho aislado: forma parte de un patrón sistemático de opacidad y discrecionalidad que caracterizó la administración kirchnerista en áreas sensibles. La declaración de Beller podría ser clave para determinar si hubo una cadena de mando que llegaba hasta los despachos más altos del poder.

Desde la perspectiva liberal, estos escándalos no sorprenden. Cuando el Estado maneja volúmenes millonarios sin controles efectivos ni incentivos de eficiencia, la corrupción no es una falla del sistema sino su lógica natural. La meritocracia y la transparencia brillan por su ausencia cuando los cargos se reparten por lealtad política y no por capacidad.

La semana que comienza será clave para saber si la Justicia avanza con determinación o si, como ocurrió tantas veces, el caso se diluye en la maraña de trámites y dilaciones. La sociedad argentina, especialmente la clase media que sostiene con sus impuestos estos organismos, merece respuestas concretas. No alcanza con descubrir el desfasaje: es necesario que caigan las responsabilidades penales correspondientes y que se reforme de raíz un sistema que demostró ser inviable.

El liberalismo viene advirtiendo hace años que el Estado argentino es demasiado grande, demasiado caro y demasiado opaco. Casos como el de ANDIS no hacen más que validar ese diagnóstico con números dolorosamente concretos. Mientras tanto, miles de argentinos con discapacidad siguen esperando que los recursos lleguen efectivamente a ellos y no a los bolsillos de la política.