El contrabando que le cuesta a la Argentina US$ 2.855 millones al año
Un informe de MAP LATAM cuantifica el impacto del comercio ilegal en solo 15 sectores: pérdida fiscal equivalente al 0,4% del PIB, 11.300 empleos formales en riesgo y una competencia desleal que castiga a quien cumple las reglas.
El contrabando y la subfacturación de importaciones representan un agujero negro en la economía argentina que pocos discuten con seriedad. Mientras el debate público se concentra en el dólar, la inflación y la presión tributaria, un segmento importante del comercio opera al margen de las normas que sí cumplen las empresas formales.
Según un reciente informe de MAP LATAM dirigido por Juan Pablo Ronderos, solo en 15 sectores analizados —que representan apenas el 2,6% del PIB— el Estado dejaría de percibir US$ 2.855 millones en 2026, equivalentes al 0,4% del Producto Interno Bruto. De esa cifra, US$ 2.283 millones corresponden a contrabando puro y US$ 572 millones a subfacturación.
La magnitud se entiende mejor al compararla con otros ingresos fiscales. Esa pérdida equivale al 120% de lo recaudado por Impuestos Internos, al 160% de Bienes Personales y al 55% de las retenciones a las exportaciones. También representa el 25% de la recaudación del impuesto al cheque y el 10% de lo que perciben las provincias por Ingresos Brutos.
Con esos recursos, según las equivalencias del estudio, se podrían construir 2.400 escuelas, 120 centros de salud ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales. No son proyectos presupuestarios, pero ilustran lo que el fisco deja de recibir.
Los sectores más afectados son bebidas espirituosas (US$ 1.400 millones), textiles e indumentaria (US$ 470 millones), celulares (US$ 255 millones), cigarrillos (US$ 230 millones) y agroquímicos (US$ 205 millones). La lista sigue con neumáticos, juguetes, yerba mate, calzado, marroquinería, electrodomésticos y perfumes. Quedan afuera rubros como medicamentos, materiales de construcción y alimentos, por lo que la cifra real del problema es sensiblemente mayor.
En términos de penetración de mercado, el contrabando alcanza niveles alarmantes en varios rubros: 73% en juguetes, 52% en yerba mate, 47% en calzado deportivo, 41% en textiles e indumentaria y 35% en cigarrillos. En bebidas espirituosas llega al 28% y en neumáticos al 22%.
El impacto sobre el empleo tampoco es menor. El estudio estima que en siete sectores se dejan de generar 11.300 puestos de trabajo formales, lo que representa un 22% más respecto de los 51.500 empleos registrados en 2025 en esos rubros. La yerba mate lidera con 3.400 empleos potenciales, seguida por juguetes (2.600) y celulares (1.900). En el caso de los juguetes, los puestos adicionales serían cuatro veces los existentes.
Estas cifras no son de empleos destruidos de un día para el otro, sino de oportunidades que no se materializan porque la producción local es desplazada por mercadería que ingresa sin pagar los costos impositivos, laborales, sanitarios y regulatorios que sí asumen las empresas formales.
El informe reconoce que la apertura comercial es deseable, pero advierte que la flexibilización de controles sin una fiscalización adecuada genera distorsiones. En 2024 se eliminó el canal rojo obligatorio para textiles, calzado y productos antidumping, se quitaron los valores criterio de importación y se ampliaron los límites de envíos por courier. Los controles de valor pasaron a ser posteriores y selectivos. A eso se suman problemas estructurales como tecnología obsoleta en aduanas y capacitación insuficiente del personal.
Aquí aparece la distinción clave: apertura y control eficaz no son contradictorios. Estados Unidos y la Unión Europea combinan baja carga arancelaria con sistemas sofisticados de verificación de valor, origen y condiciones de ingreso. Argentina cumple estándares en información anticipada y gestión de riesgos, pero muestra debilidades en control de valor declarado, inspecciones no intrusivas, inspección física y, especialmente, en la publicación transparente de indicadores de resultados aduaneros.
El ranking internacional confirma el deterioro: según el Índice Global de Crimen Organizado de GI-TOC, Argentina pasó del puesto 27 al 16 entre 193 países en criminalidad asociada al comercio ilícito, con un puntaje que subió de 6,5 a 7 sobre 10. El Illicit Trade Index 2025 de TRACIT la ubica en el puesto 120 de 158 en comercio ilícito sectorial.
El argumento frecuente de que “al consumidor le conviene porque paga menos” ignora los costos colectivos: menor recaudación, menos empleo formal, menor inversión y competencia desleal que castiga a quien juega dentro de las reglas. El contrabando no es un atajo inocente; es un mecanismo que socializa pérdidas y privatiza ganancias para quienes operan fuera del sistema.
En una Argentina que discute obsesivamente cada decimal del resultado fiscal, resulta llamativo que un agujero de casi US$ 3.000 millones anuales en solo una fracción de la economía reciba tan poca atención. Cerrar esa brecha no requiere más proteccionismo, sino mejor fiscalización, reglas claras y un Estado que haga cumplir las normas con la misma exigencia para todos. Mientras eso no ocurra, el negocio ilegal seguirá desangrando las finanzas públicas y limitando el crecimiento formal del país.