Perú retrocede en la compra de cazas: aún no hay modelo ni proveedor definidos

El gobierno peruano reculó respecto del anuncio público sobre la compra de aviones de combate: afirmó que aún no está definido el modelo ni existe convenio firmado, y que la decisión final depende de evaluaciones técnicas y del control de la Contraloría (según Infobae, 21/3/2026). Esta aclaración llega horas después de una mención pública que había señalado a los F-16 Block 70 como la opción elegida.

¿Qué se anunció y qué cambió?

Ayer el presidente mencionó una decisión sobre los F-16, pero la Presidencia emitió luego un comunicado que colocó el proceso de compra nuevamente en fase de evaluación. El expediente, iniciado en la gestión de Dina Boluarte y seguido por los gabinetes de José Jerí y José María Balcázar, está en revisión por la Contraloría y pasará por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (según Infobae, 21/3/2026). El ex presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez negó la existencia de un convenio definitivo y afirmó que la Central de Compras definirá el modelo tras los reportes de control. En la práctica, esto es un retroceso operativo respecto del anuncio público: no estamos ante una firma inminente sino ante un proceso administrativo que aún requiere documentación y verificaciones.

¿Cuánto cuesta y qué cambia en la flota?

Las cifras que circulan muestran un salto en la valoración política del expediente. La propuesta estadounidense mencionada en prensa contempla 12 aviones F-16 por aproximadamente US$3.400 millones (según Infobae, 21/3/2026), mientras que el requerimiento original de la Fuerza Aérea era de 24 aeronaves por US$3.500 millones (según Infobae, 21/3/2026). Si tomamos esos números, el costo aproximado por unidad en la oferta estadounidense llega a unos US$283,3 millones por avión (cálculo propio sobre cifras publicadas por Infobae, 21/3/2026). Además, el Ejecutivo autorizó transferencias por S/1.689 millones al Mindef para ejecutar el proyecto (según Infobae, 21/3/2026). La comparación temporal es clara: el plan original buscaba duplicar la cantidad de unidades; la alternativa que aparece como más probable reduce esa flota a la mitad, con implicaciones operativas y presupuestales que no han sido explicadas técnicamente en documentos públicos.

¿Qué controles faltan y qué exigimos?

Vemos la necesidad real de renovar una flota con Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25 mayormente fuera de servicio (según Infobae, 21/3/2026), pero la política de Defensa no puede funcionar a base de anuncios ni de filtraciones. Exigimos que se publiquen íntegramente los expedientes técnicos, las ofertas recibidas, los pliegos, los contratos marco y los estudios de costo-beneficio antes de cualquier negociación definitiva. Además reclamamos una auditoría independiente que contraste los criterios técnicos con las propuestas económicas y un pronunciamiento público y motivado del COSEDENA y de la Contraloría. Sin esos pasos, cualquier justificación geopolítica o comercial queda en retórica: el gasto de US$3.400 millones o el recorte de unidades a 12 no es solo una cifra, es impacto tangible sobre presupuesto, capacidad de defensa y prioridades públicas.

Para cerrar, la discusión exige dos cosas simultáneas: entender la necesidad operativa real y transparentar el proceso. No es suficiente que la oferta estadounidense "parezca la más probable"; necesitamos expedientes, montos y auditoría independiente para evaluar si la renovación sirve al interés público o si, como suele ocurrir en compras de alto monto, la decisión se deja al arbitraje de intereses geopolíticos y comerciales sin contrapesos reales. Hasta entonces, vemos con reservas cualquier anuncio prematuro y exigimos documentación clara y control efectivo para validar la legitimidad del proyecto.