Mormones en la ciudad: crecimiento, megatemplo y el debate patrimonial que falta

La disputa por el megatemplo mormón en la manzana del histórico Monasterio de Santa Catalina es, en esencia, una pelea por el espacio público, el patrimonio y la transparencia: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días declara 505.819 miembros en la Argentina y afirma haber sumado más de 100.000 fieles en la última década, según LA NACION (27/5/2026). Además, la comunidad señala que 17.000 adolescentes asisten a encuentros matutinos a diario para su formación religiosa, según la misma nota. Este dato explica por qué piden más infraestructura: 700 congregaciones y varios templos no alcanzan para lo que describen como una expansión orgánica y misionera.

¿Qué está pasando con la comunidad y por qué crece tan rápido?

La expansión de la Ijsud en Argentina aparece en cifras concretas: 505.819 miembros registrados hoy frente a los 400.000 declarados en 2012, lo que representa un aumento del 26,5% respecto a aquel año (base: cifras publicadas por LA NACION). A nivel global, la iglesia declara 17.000.000 de adherentes, de los cuales 7.000.000 están en Estados Unidos y el 40% vive en América Latina, según la misma fuente. Ese crecimiento tiene causas familiares y organizativas: nacimientos en grupos afiliados, prácticas de socialización intensiva y un aparato de captación que retoma formatos presenciales y comunitarios adaptados al contexto local. La visibilidad pública se mide también en eventos: los festejos por los 100 años en el país llenaron dos Movistar Arena, según LA NACION, un indicador de músculo organizativo y recursos para eventos masivos.

¿Cuál es el conflicto patrimonial y quién decide si se permite el megatemplo?

El proyecto para levantar un megatemplo en la avenida Córdoba y Reconquista se proyecta sobre una manzana que incluye un monasterio de 1745 y un entorno declarado de valor histórico. La Subcomisión de Patrimonio de la Comisión Nacional de Monumentos dictaminó que el proyecto es incompatible con la preservación del complejo, según LA NACION. Hay actores locales —vecinos y autoridades de la Iglesia Católica— que sostienen que la obra altera escala, trama urbana y sentido patrimonial del sector. La Ijsud sostiene que no existe evidencia concreta de afectación y reivindica su derecho a construir en la ciudad. Ante esta colisión, la decisión no puede quedar sólo en manos de técnicos administrativos o en el diálogo interreligioso: exigimos publicación de expedientes, acceso público a los estudios de impacto, y una auditoría independiente que fundamente la resolución. Sin transparencia, la discusión pública se empobrece y las sospechas de captura o trato privilegiado se multiplican.

¿De dónde salen los recursos y qué preguntas quedan sin respuesta?

La iglesia afirma financiarse con diezmos y donaciones y admite haber armado un fondo de inversión en los años 90 para preservar ahorros, que luego debió regularizar ante autoridades estadounidenses por impuestos no declarados, según LA NACION. Esa regularización incluyó multas y ajustes vinculados a la gestión de reservas, según la misma nota. En paralelo, la escala del proyecto urbano plantea preguntas concretas: cuánto costará la obra, qué contratos se adjudicarán, si hubo llamados públicos y cuáles son los beneficiarios finales. A diferencia de otros reclamos culturales recientes, aquí confluyen libertad religiosa y patrimonio urbano; no hay que elegir entre ambas cosas, pero sí exigir reglas claras. De acuerdo al Conicet (medición 2019), junto con los testigos de Jehová representan un 2,1% de la población en las encuestas, lo que muestra que son un actor minoritario pero organizado. Por eso proponemos: publicación integral del expediente, auditoría independiente de eventuales contratos y un debate parlamentario que ponga las cartas sobre la mesa antes de cualquier permiso definitivo.

Cerramos con un principio: celebramos la libertad de culto y la actividad comunitaria, pero no la decisión de obras de gran impacto tomadas a puerta cerrada. Celebramos la presencia religiosa en la ciudad, pero exigimos transparencia sobre patrimonio y recursos. La ciudadanía y el Estado merecen información pública, controles y debate, porque el patrimonio y el espacio urbano no pueden definirse sólo por capacidad de movilización o recursos no regulados.