Malamud advierte que las democracias están en riesgo; la memoria y la transparencia, la defensa

Se trata de la advertencia pública del historiador Carlos Malamud: la democracia está "en riesgo" y conviene compararla con el pasado. Malamud establece paralelismos entre el golpe de 1976 —hace 50 años— y fenómenos políticos actuales en varios países, y advierte sobre la desafección ciudadana como semilla de gobiernos autoritarios (EFE, 11/04/2026).

¿Qué dice Malamud y qué datos aporta?

Malamud recupera lecciones del golpe de 1976 y señala hechos concretos: el golpe ocurrió en 1976, hace 50 años, y parte de la sociedad reaccionó entonces con una mezcla de alivio y apatía, lo que facilitó la instalación de una dictadura, según la entrevista publicada por EFE (11/04/2026). El autor enumera países donde percibe riesgo —Estados Unidos, Hungría, Rusia, China, Irán y El Salvador— para ilustrar que el fenómeno no es exclusivo de la región (EFE, 11/04/2026).

Además, Malamud coloca sobre la mesa una cifra simbólica y polémica: los "30.000 desaparecidos", y sostiene que los historiadores tienen la obligación de corroborarla con métodos rigurosos, no por ánimo de controversia, sino para reconocer víctimas y dar certezas a las familias (EFE, 11/04/2026).

¿Por qué importa esto para la Argentina?

La importancia es doble: primero, porque la sociedad argentina vive aún el legado del 1976 y, segundo, porque la política de memoria se ha vuelto terreno de disputa partidaria. Malamud afirma que Argentina fue pionera en los juicios a las Fuerzas Armadas y que, pese a ello, "mantiene heridas abiertas" (EFE, 11/04/2026). Eso condiciona cómo se procesa el pasado en clave presente y alimenta el llamado "presentismo" que politiza la historia.

Este uso instrumental del pasado facilita la captura del Estado por parte de fuerzas políticas que convierten la memoria en herramienta de poder. En un país con instituciones frágiles, esa captura crea incentivos perversos y consecuencias no intencionadas que dañan el consenso democrático.

Riesgos: captura del Estado y consecuencias no intencionadas

Cuando la memoria histórica y la producción cultural se politizan, se abren dos caminos problemáticos. Uno es la apropiación partidaria de símbolos y cifras, que convierte la verdad histórica en botín electoral. El otro es la intervención directa del Estado en decisiones editoriales y culturales sin protocolos públicos, lo que facilita la captura por grupos de interés y rent-seeking.

La pretensión de conocimiento centralizado sobre la memoria reproduce la fatal arrogancia que tanto criticó Hayek: creer que el Estado puede administrar, sin errores, la interpretación del pasado. Esa pretensión obliga a preguntarse por los incentivos reales: ¿quién se beneficia con una narrativa oficializada y con qué datos lo hace?

Qué exigir: transparencia, protocolos y auditorías independientes

La respuesta práctica debe ser institucional. Exigimos publicación de datos, protocolos claros y auditorías independientes sobre decisiones culturales, asignaciones editoriales y fondos públicos ligados a la memoria. No se trata de incredulidad hacia las víctimas, sino de evitar captura del Estado y minimizar consecuencias no intencionadas.

Propuestas concretas: acceso abierto a los archivos que custodien el Estado; protocolos metodológicos publicados para estudios históricos financiados con fondos públicos; comités de revisión independientes compuestos por historiadores de distintas tradiciones; y reportes periódicos de subsidios culturales con datos abiertos. Estas medidas no garantizan la verdad absoluta, pero reducen la pretensión de conocimiento monopólica y permiten que el orden espontáneo del debate público funcione mejor.

La historia, como herramienta para no repetir errores, requiere transparencia. Cincuenta años después de 1976, la provocación de Malamud es útil si nos empuja a institucionalizar procesos que sustenten la memoria sin convertirla en rehén de intereses partidarios (EFE, 11/04/2026).