La FIP alerta que la 'paz total' perdió la brújula por falta de institucionalidad

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) lanzó una advertencia tajante: la política llamada "paz total" está desordenando la respuesta del Estado y hay que "poner la casa en orden" antes de abrir nuevas apuestas. Según la entrevista de la directora María Victoria Llorente, reproducida por Infobae el 26/4/2026, la falta de coordinación entre mesas de diálogo, Fuerza Pública, justicia y política criminal ha generado vacíos operativos que hoy complican la protección de comunidades y la recuperación del control territorial (Infobae, 26/4/2026). Esta es la conclusión central que vamos a desmenuzar y a relacionar con una exigencia que venimos reclamando: transparencia y auditoría de los procesos que involucran el destino del Estado.

¿Qué falló en la institucionalidad? La brújula perdida

Vemos tres fallas estructurales señaladas por la FIP: superposición normativa, ausencia de líneas claras de mando y diálogo desconectado de la inteligencia y la Fiscalía. La FIP identifica al menos 14 zonas críticas donde la dinámica local muestra confrontaciones simultáneas entre actores armados, y en esos territorios se enfrentan "dos, tres o incluso cuatro grupos armados" (Infobae, 26/4/2026). Esa cifra importa porque obliga a priorizar, no a dispersarse: no todo puede negociarse ni militarizarse al mismo tiempo. A diferencia de procesos anteriores, cuando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz concentraba mayor capacidad operativa y coordinación, hoy hay dispersión de liderazgos y vacíos legales que la directora describe como una "colcha de retazos" (Infobae, 26/4/2026). Si la casa no está ordenada, cualquier mesa nueva corre el riesgo de convertirse en teatro ineficaz.

¿Qué implica esto para las comunidades y el territorio?

El diagnóstico de la FIP obliga a pensar en intervenciones territoriales secuenciales y precisas, no en soluciones homogéneas. Las dinámicas locales son heterogéneas: según la misma nota, hay lugares con presencia de múltiples grupos y economías ilegales que funcionan como motores de violencia; por eso la intervención debe combinar protección civil, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional regional (Infobae, 26/4/2026). No se trata solo de enviar tropas: se requiere personal judicial, inteligencia integrada y programas sociales sincronizados con metas mensurables. Si se actúa sin esa integración, la respuesta será parche sobre un problema estructural y las comunidades volverán a quedar expuestas. La estrategia eficaz debe priorizar resultado por resultado, concentrando recursos en puntos concretos para generar precedentes replicables.

¿Qué exigimos desde la sociedad y qué puede hacer el Congreso?

No podemos aceptar que decisiones de tanta magnitud se tomen sin claridad ni control externo. Pedimos, en línea con nuestra postura previa sobre corrupción y auditorías, la publicación de expedientes de negociación, auditoría independiente de procesos y debate parlamentario que fije reglas claras de competencia entre comisionado de paz, Fuerza Pública y Fiscalía. El reclamo no es retórica: cuando la Oficina del Alto Comisionado tenía mayor capacidad se lograron acuerdos con procedimientos más articulados; hoy la dispersión exige revisar los mandatos y recursos de cada actor (Infobae, 26/4/2026). Exigimos además indicadores públicos de avance, plazos y criterios de priorización territorial para evitar la dispersión de esfuerzos y la captura por economías ilegales.

Una brújula democrática

La advertencia de la FIP es útil porque confirma algo que suele decirse en voz baja: las políticas sin reglas y sin control terminan beneficiando al que mejor opera en la sombra. No se trata solo de tecnicismo institucional; es una cuestión de vida o muerte para comunidades enteras. Por eso reclamamos transparencia y auditoría, no por esnobismo, sino para que las decisiones públicas rindan cuentas y produzcan resultados. Si el objetivo es la paz, la primera condición es que el Estado recupere orden interno, reglas claras y liderazgo responsable. Sin eso, la brújula seguirá perdida y el costo lo pagarán los ciudadanos de a pie.