La decencia como criterio político: moralidad, eficacia y transparencia

Se trata de evaluar qué pesa más al juzgar un gobierno: los números materiales o la manera en que el poder trata a los ciudadanos. Avishai Margalit publicó The Decent Society en 1996, donde propone que la ausencia de humillación es condición clave para una sociedad decente (Princeton University Press, 1996). Este artículo retoma esa idea para preguntar si la decencia debe ser, en Argentina, un criterio decisivo frente a cualquier logro material.

¿Qué significa exactamente «decencia» en la política?

Margalit entiende por decencia la obligación de las instituciones de no degradar a las personas; la humillación sistemática es inaceptable aun cuando existan beneficios materiales. Esta línea de pensamiento dialoga con autores contemporáneos: Thomas Scanlon planteó en 1998 la ética del trato mutuo en What We Owe to Each Other (Oxford University Press, 1998), y Ronald Dworkin sostuvo décadas antes que la igual consideración debe guiar la interpretación constitucional en obras como Law's Empire, 1986 (Harvard University Press, 1986). Comparar 1996 frente a 1998 o 1986 ayuda a ver que la preocupación por la dignidad no es moda sino tradición intelectual. Desde este marco, la decencia no es mera corrección retórica; implica prácticas institucionales concretas: trato administrativo respetuoso, acceso sin humillación a prestaciones y procedimientos que no obliguen a suplicar reconocimiento.

¿Puede la decencia ser criterio suficiente para calificar un gobierno?

Según Margalit, sí: la humillación sistemática es razón suficiente para considerar un gobierno indecente aunque consiga resultados en otras áreas. Aplicado a la Argentina, esa tesis obliga a preguntar por la experiencia de los ciudadanos vulnerables en la relación con el Estado. No se trata de sustituir el análisis económico, sino de priorizar prácticas que preserven la dignidad humana. Aquí entra una comparación informativa: la transición democrática que comenzó en 1983 cumplió en 2026 43 años de vigencia institucional, tiempo suficiente para exigir estándares de trato y procedimientos públicos. La decencia, por tanto, debe ser criterio coexistente con la medición material; pero cuando el trato se vuelve política cotidiana, ese defecto moral puede ser condición suficiente para impugnar una gestión.

¿Cómo se traduce la preocupación por la dignidad en políticas públicas y transparencia?

La exigencia práctica es clara: la defensa de la decencia requiere reglas, datos y auditorías. No alcanza con denuncias morales; hacen falta protocolos públicos para la atención a grupos vulnerables, datos abiertos sobre trámites y sanciones administrativas, y auditorías externas que detecten prácticas de humillación institucional. Nuestra posición editorial es coherente con reclamos previos sobre cultura pública: protocolos, datos abiertos y auditorías independientes reducen la captura del Estado y las consecuencias no intencionadas. En términos operativos proponemos tres instrumentos mínimos: 1) protocolos públicos y públicos indicadores de trato ciudadano; 2) datos abiertos por expediente y por jurisdicción; 3) auditorías independientes con plazos y publicación de hallazgos. Sin esas herramientas, la discusión sobre decencia queda en retórica y la pretensión de conocimiento del poder se vuelve peligrosa.

Concluir exige una decisión normativa moderada pero firme. La decencia debe pesarnos como criterio político: no por sentimentalismo, sino por respeto a derechos negativos y a la integridad institucional. Exigir dignidad es pedir reglas que puedan auditarse. Si la política se limita a justificar el uso degradante del poder en nombre de resultados materiales, la consecuencia no será solo moral: será captura del Estado, erosión de instituciones y pérdida de confianza ciudadana. Por eso vemos indispensable que la reivindicación de la dignidad se traduzca en datos, transparencia y controles verificables.