IA y derechos de imagen: entre acuerdos privados y regulaciones previas

La discusión planteada por la Asociación Argentina de Actores y figuras como Ricardo Darín no es un capricho: trata de quién controla la reproducción digital de la imagen y la voz, y cómo se compensa su uso. El precedente local citado, el fallo W.N.C. c/ Yahoo (abril de 2023), mostró que la vía judicial puede reparar usos no autorizados de imágenes; pero la capacidad técnica de la IA trae nuevos dilemas sobre creación, autoría y mercado (fallo W.N.C., abril 2023).

¿Qué regula hoy la ley y qué reclaman los actores?

Vemos dos ideas simultáneas: por un lado, existen herramientas legales para perseguir usos no autorizados de imágenes y videos; por otro, la IA permite crear representaciones que no existieron físicamente, ampliando la zona gris. El fallo mencionado es un ejemplo de litigio resuelto judicialmente (abril 2023, W.N.C. c/ Yahoo). A nivel internacional, la Unión Europea avanzó en un enfoque regulatorio basado en riesgos con el acuerdo político sobre el AI Act en diciembre de 2023 (European Commission), lo que demuestra que hay modelos distintos a la prohibición total. Los actores piden claridad sobre consentimiento, remuneración y etiquetado; esos reclamos son legítimos, pero confluyen con intereses profesionales que buscan rentas sobre un activo —la imagen— que ya es negociable en el mercado.

¿Prohibir, gravar o negociar? Los incentivos en disputa

La política pública debe mirar incentivos. La historia reciente muestra que los conflictos laborales pueden forzar reglas prácticas: la Writers Guild de EE. UU. cerró su negociación en 2023 tras una huelga de 148 días, donde la IA fue un punto central (Writers Guild of America, 2023), comparado con 100 días de la huelga de 2007-08, lo que indica cómo la magnitud de la disputa escaló. Ese antecedente sugiere que la negociación colectiva y los contratos pueden fijar compensaciones y límites sin una regulación previa que bloquee experimentos. Un impuesto o prohibición generalista podría retrasar innovación y crear mercados paralelos opacos. Por eso proponemos reglas que apunten a transparencia contractual, obligación de etiquetado y remedios rápidos ante usos no autorizados, en lugar de vetos amplios que fomenten captura regulatoria.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La industria audiovisual local es relativamente pequeña y sensible a costos regulatorios. Un gravamen o trámites previos onerosos encarecerían producciones y favorecerían a los grandes estudios con recursos para cumplir normas, lo que sería captura del Estado por rent-seeking. Además, la demanda internacional por contenidos sigue concentrada en plataformas globales, y las reglas domésticas deben favorecer la competencia, no proteger incumbentes. Vemos también un problema de información: sin protocolos públicos y auditorías independientes, las normas terminan interpretándose de forma arbitraria. Por eso sugerimos exigir datos abiertos sobre usos generativos en producciones financiadas con fondos públicos y contratos-modelo para cesiones de imagen, medidas que protegen sin asfixiar la actividad.

Hacia reglas prácticas: transparencia, contratos y reparación expedita

La solución razonable combina tres ejes: primero, etiquetado obligatorio de contenidos generados o manipulados por IA para preservar el derecho del espectador a saber qué ve; segundo, contratos estandarizados que contemplen cesiones, límites de uso y tarifas; tercero, mecanismos administrativos rápidos para bloquear y reparar usos no autorizados. Estos instrumentos reducen la pretensión de conocimiento del regulador central sin renunciar a protección efectiva contra abusos y minimizan las consecuencias no intencionadas de una regulación amplia. Inspirados en el espíritu liberal de Hayek, preferimos arreglos que permitan orden espontáneo y competencia, pero con reglas de juego claras que eviten captura del Estado y rent-seeking por parte de actores poderosos.