Contra el progresismo cultural como técnica institucional

La discusión sobre el llamado "progresismo cultural" suele presentarse como una pelea de banderas: buenos contra malos, correctos contra reaccionarios. Esa simplificación empobrece el debate. Es más útil pensar el progresismo cultural como una técnica de gobierno de la cultura, con reglas, incentivos y consecuencias concretas; así se la puede evaluar por sus efectos duraderos sobre el oficio y las instituciones.

¿Qué entendemos por "progresismo cultural"?

Por progresismo cultural se entiende aquí el conjunto de prácticas y normas que priorizan criterios morales o identitarios como condición para la adjudicación de reconocimiento, recursos y acceso institucional. No se trata simplemente de una sensibilidad política; se trata de procedimientos administrativos que convierten la rectitud ideológica en requisito de legitimidad. Esa conversión no es exclusiva de un país ni de una época: en distintos lugares las universidades, festivales y fondos han adoptado reglas de prioridad identitaria que modifican qué se produce y cómo se distribuye.

Para valorar sus efectos es preciso atender a la escala: la cultura no es solo un circuito de élites. En Argentina viven alrededor de 45.2 millones de personas, según el INDEC (Censo 2022). Las industrias culturales y creativas tienen impacto económico global: según la UNESCO, representan cerca del 3% del PIB mundial y emplean alrededor de 30 millones de personas en distintos países (UNESCO, Creative Economy Report). En la producción editorial nacional hay también un volumen significativo de títulos anuales; según la Cámara Argentina del Libro, se registran varios miles de novedades cada año (datos de años recientes). Estas cifras muestran que las decisiones institucionales afectan a un ecosistema amplio, no solo a una vanguardia simbólica.

Tres efectos sobre el oficio y la institución

Primero, la colonización de criterios morales desplaza los criterios profesionales del juicio estético y editorial. Cuando la condición de admisibilidad pasa por una lista de verificación ideológica, la selección favorece la conformidad con el criterio socialmente premiado antes que la calidad del texto, la originalidad formal o la solidez del argumento. En el largo plazo esto produce incentivos para la homogeneidad estilística y para la inflación performativa: quien desea acceso se adapta a la forma en lugar de perfeccionar el contenido.

Segundo, las dinámicas de señalización alteran la economía de la distribución. Los recursos públicos o privados destinados a la cultura son finitos. Si una parte se canaliza hacia medidas visibles —sellos, premios protocolarios, eventos simbólicos— en función de su valor de exhibición moral, se reduce el financiamiento disponible para imprenta, traducción, promoción y venta. Esos elementos —defensa de la distribución— son los que crean lectores y audiencias duraderas; sin ellos, la producción queda confinada a microrrelatos efímeros.

Tercero, la institucionalización de la pureza política produce una paradoja: busca legitimidad democrática pero erosiona la pluralidad efectiva. La vigilancia ideológica interna suele eliminar matices y desalentar la crítica desde la propia tradición progresista; se crea así una nueva ortodoxia con sus propios mecanismos de exclusión. En lugar de renovar la esfera pública, se la vuelve menos tolerante a la discrepancia y más proclive a sancionar desviaciones formales.

Lo que el progresismo cultural deja fuera: oficio, formación y circulación

El énfasis en lo simbólico tiene un costo tangible: la falta de inversión en formación profesional. La literatura, el teatro y el cine requieren oficios que se aprenden en talleres, redacciones, quinchas de teatro y aulas. Programas de mentoría, residencias de creación con contratos, formación editorial remunerada y becas de traducción son intervenciones con retorno cultural acumulativo. Reasignar recursos desde actos de visibilidad hacia la construcción de capacidades fortalece la escena creativa de manera durable.

La circulación es otro punto ciego. Una obra que no llega a librerías, salas o plataformas confirma la percepción de ausencia cultural. Aquí entra la complementariedad entre mercado e instituciones: los editores, distribuidores y libreros saben cómo llevar un título al lector; las instituciones públicas deberían facilitar ese traslado mediante subsidios condicionados a la producción y a la trazabilidad de la distribución, no a la conformidad de contenido. La propuesta no es desregular, sino diseñar incentivos que premien la eficacia en alcanzar públicos.

Propuestas concretas para reorientar políticas culturales

1. Paneles y concursos anónimos. Adjudicar subvenciones y premios mediante dictámenes que evalúen calidad textual o técnica sin identificar autoría reduce la captura por afinidades políticas y obliga a discutir el objeto, no la biografía.

2. Becas de oficio y residencias contractuales. Financiar aprendizajes profesionales —edición, corrección, dirección de escena, composición musical— con remuneración permite sostener trayectorias sin convertir la precariedad en requisito de autenticidad.

3. Fondos para traducción y distribución. Crear líneas específicas para traducción y apoyo logístico a librerías y salas pequeñas produce circulación y presencia en el mercado exterior, lo cual es más efectivo que premios simbólicos para afirmar una literatura.

4. Transparencia y métricas. Publicar criterios, actas de selección y límites presupuestarios obliga a las instituciones a responder por decisiones culturales. Medir resultados con indicadores de circulación —reimpresiones, traducciones, ventas, asistencia— ayuda a calibrar políticas con evidencia.

5. Complementar mercado e instituciones. Mantener subsidios no significa adjudicarlos sin criterios. La política cultural debe favorecer la coexistencia: editorial independiente que invierte en riesgo comercial; institución pública que invierte en capacidades y en la apertura a públicos diversos.

Contra la ilusión de la pureza

La demanda de una cultura «pura» desde el punto de vista moral es comprensible: busca reparar desigualdades históricas y visibilizar voces relegadas. El problema no es su intención sino su técnica. Cuando la reparación se administra como prueba de pureza, se corre el riesgo de crear clientelas culturales dependientes de la sanción política. La reparación eficaz exige herramientas distintas: becas sostenidas, programas de formación temprana en zonas postergadas, políticas de acceso a espacios de exhibición. Es decir, lo que transforma es la inversión estructural, no el gesto.

A su vez, hay una distinción política y estética que conviene mantener. La estética tiene criterios propios: forma, ritmo, estructura, lenguaje. La política aporta los fines y las preguntas; la estética aporta el medio. Confundir ambos planos reduce la capacidad crítica del arte y empobrece la política, que pierde un interlocutor independiente.

Una ética institucional posible

Proponemos una ética institucional que priorice: responsabilidad hacia el oficio, transparencia en la adjudicación, medición de impactos culturales y apertura a la pluralidad estética. Esa ética no es neutra; es liberal en el sentido clásico de sostener reglas claras, mercados regulados y formación profesional, pero también implica una visión republicana de la cultura como bien común que requiere inversión pública inteligente.

En la práctica, eso significa reconfigurar convocatorias, no cerrarlas. Significa premiar a quienes enseñan y organizan, no solo a quienes proclaman. Significa financiar traducciones y distribución tanto como festivales de legitimación. Y, por supuesto, significa aceptar que la cultura tardará años en mostrar resultados: la formación produce obras que se reeditan y se reencuentran con lectores mucho después de la subvención inicial.

Conclusión: fidelidad al oficio como forma de pluralismo

El antídoto al progresismo cultural entendido como técnica exclusoria no es la negación de las demandas de justicia, sino la defensa del oficio y de las instituciones que lo hacen posible. Reorientar recursos hacia formación, producción y circulación produce una pluralidad efectiva, porque crea la base material para que distintas voces puedan competir y dialogar. No hay neutralidad en la cultura, pero sí hay una responsabilidad de las instituciones: favorecer procesos que permitan la renovación estética sin convertir la conformidad moral en condición de existencia.

Esa responsabilidad exige políticas inteligentes y pacientes, una administración transparente y la humildad de reconocer que las obras importan más que las consignas. Si la cultura aspira a ser, además de justa, fecunda, debe recuperar la paciencia del oficio.

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente el "progresismo cultural" considerado aquí?

El progresismo cultural, en este texto, es la técnica institucional que condiciona reconocimiento y recursos a criterios morales o identitarios, en lugar de priorizar la calidad profesional, la originalidad estética y la eficacia en la circulación de obras.

¿Por qué es problemático priorizar demandas identitarias en la adjudicación de fondos?

Porque convierte la visibilidad en un filtro ideológico que puede desplazar la evaluación profesional, fomentar la homogeneización estilística y desviar recursos de la formación, la producción y la distribución, que generan impacto cultural sostenido.

¿No se contradice esto con la necesidad de reparar desigualdades culturales?

La reparación no es contradictoria si se implementa mediante inversión estructural: becas sostenidas, formación en territorios postergados y apoyo a circulación. Los gestos simbólicos ayudan, pero no sustituyen la construcción de capacidades.

¿Qué medidas concretas pueden reducir la captura ideológica sin eliminar el compromiso democrático?

Adjudicaciones anónimas, actas y criterios públicos, becas para oficios con contratos, fondos para traducción y distribución, y indicadores de impacto cultural que midan reimpresiones, traducciones y asistencia.