Cómo las narrativas moldean el equilibrio entre estado y mercado

La discusión sobre estado y mercado suele quedarse en dicotomías: más mercado o más estado, regulación versus libre empresa, eficiencia frente a justicia. Observamos que ese marco bipolar tiene valor retórico pero empobrece la comprensión: lo que realmente importa no es tanto la respuesta normativa como los mecanismos y las narrativas que la hacen posible. En otras palabras, antes de decidir qué debe hacer cada actor conviene preguntarnos cómo hablamos de ellos, qué métricas adoptamos y qué dispositivos institucionales ponemos en marcha.

Una historia en tres episodios

Las palabras que usamos tienen genealogía. El argumento clásico del mercado competitivo aparece con fuerza en Adam Smith: la Wealth of Nations fue publicada en 1776 y articuló una visión en la que los intercambios privados producen resultados socialmente útiles (Adam Smith, 1776). No es casual que, frente a crisis sistemáticas, emerjan replanteos de esa fe en la autorregulación. La Gran Depresión impulsó una reinterpretación del problema macroeconómico y consolidó la idea de que el Estado debía moderar ciclos: la obra de John Maynard Keynes, publicada en 1936, ofreció una justificación intelectual para la intervención activa del gasto público en épocas de contracción (Keynes, 1936). Después de la Segunda Guerra Mundial, informes como el de Beveridge en 1942 consolidaron la expectativa de que el Estado debía garantizar cierto piso de seguridades sociales (Beveridge Report, 1942).

Estos cambios no solo modificaron políticas: reconfiguraron las expectativas públicas sobre lo que el estado y el mercado debían hacer. Entre 1776 y 1942 se produjo una transformación cultural: el mercado dejó de ser un arreglo moralmente neutro para convertirse en un objeto regulado y legitimado por normas públicas. Esa transformación explica por qué las discusiones contemporáneas sobre privatizaciones, regulación financiera o provisión de salud no son debates puramente técnicos: están cargadas de memoria y simbolismo.

Narrativas y métricas: por qué cuentan los números

No basta con decir ‘‘queremos mercados eficientes’’ o ‘‘más estado’’. Lo que medimos articula prioridades. Por ejemplo, la forma en que se calcula el producto interno bruto, las cuentas fiscales o las estadísticas de empleo define qué se considera éxito. Observamos que cuando las métricas privilegian crecimiento agregado y lucro privado, las políticas tienden a favorecer desregulación y alivio tributario. Cuando las métricas incorporan bienestar, tiempo libre o equidad, aparecen argumentos a favor de intervenciones redistributivas.

Hay además efectos institucionales. Según la Comisión Europea, la contratación pública equivale aproximadamente al 14% del PIB de la Unión Europea (European Commission, 2016). Esa cifra no es neutra: quiere decir que el Estado actúa como comprador masivo y que, por esa vía, puede influir en estándares ambientales, de calidad y en la estructura industrial. De modo parecido, la capacidad recaudatoria condiciona el margen de maniobra. El promedio de los países de la OCDE en cuanto a relación impuestos/PIB fue de alrededor del 33,8% en 2019 (OECD, Revenue Statistics 2021). Es decir: la fiscalidad determina qué tipo de gasto público es factible y, por ende, qué papel puede desempeñar el Estado.

Estas cifras importan porque muestran que el Estado no es solo un regulador abstracto: es un actor económico con volumen y efectos. Pero igual de relevante es la forma en que se narran esos efectos: si la contratación pública se cuenta como gasto improductivo, tenderá a recortarse; si se la cuenta como herramienta de política industrial, se la fortalecerá.

Mercado como infraestructura: el giro práctico

En la práctica contemporánea observamos un viraje: en vez de optar por ‘‘más’’ o ‘‘menos’’ estado, muchos países experimentan con roles intermedios. El Estado moderno aparece como proveedor y regulador de infraestructuras —no solo físicas, también institucionales— que hacen posibles los mercados. Esto incluye normas de competencia, estándares técnicos, certificaciones, registros, y plataformas de datos.

Ese enfoque pone énfasis en el diseño institucional: cómo se hacen las compras públicas, cómo se transparentan los registros y cómo se sancionan las faltas. Si el Estado garantiza reglas claras y administra plataformas confiables, los mercados operan mejor. Si no, lo que se rompe no es el mercado en abstracto sino la confianza funcional que lo sostiene.

Un ejemplo contemporáneo es la contratación pública digital. Cuando los procesos de compra se vuelven transparentes y basados en datos públicos, se reducen oportunidades de captura y se orientan compras hacia criterios de calidad y sustentabilidad. Por el contrario, cuando la compra es opaca, aumenta el costo de operar con reglas y se profundizan desigualdades territoriales y sectoriales.

La política como oficio: capacidades más allá de la ideología

Pensar en capacidades administrativas desplaza la discusión desde la moralidad pública hacia el oficio de gobernar. Se trata de rutinas, incentivos, formación técnica y procedimientos. Un ministerio con buenos sistemas de información y personal formado puede diseñar políticas pro mercado o pro redistribución con eficacia; uno sin esas capacidades no podrá hacerlo bien sea cual sea la doctrina que proclame.

Esto es relevante para quienes temen la expansión estatal indiscriminada: el problema no es tanto el tamaño del Estado como su calidad operativa. Un Estado pequeño y competente puede garantizar seguridad jurídica, derechos básicos y sistemas regulatorios eficaces. Un Estado grande y débil puede ser extractivo y disfuncional. Aquí la discusión se vuelve operativa: contratación, auditoría, rendición de cuentas, datos abiertos.

Tecnología, plataformas y nueva asimetría

El ascenso de plataformas digitales crea tensiones inéditas entre estado y mercado. Empresas con capacidad de escala global pueden generar externalidades que el Estado nacional no está equipado para medir ni gobernar. En ese contexto aparecen nuevas demandas: gobernanza de datos, interoperabilidad, impuestos sobre la economía digital. Estas demandas reconfiguran viejos dilemas: no se trata solo de privatizar o estatizar, sino de diseñar regímenes regulatorios que reconozcan las dimensiones transnacionales de la actividad económica.

Al mismo tiempo, la tecnología permite al Estado mejorar su desempeño: registros digitales, administración tributaria más eficiente, compras públicas automatizadas. La tensión central es que la tecnología puede tanto empoderar al público como concentrar poder en manos privadas; la narrativa que adoptemos determinará qué opciones institucionales se priorizan.

¿Qué política pública sigue de este diagnóstico?

Si aceptamos que las narrativas, las métricas y las capacidades importan, las implicaciones prácticas son varias y concretas:

• Rediseñar la contratación pública como herramienta de política industrial y ambiental, no como mero proceso administrativo. Si la contratación equivale a una porción relevante del PIB (Comisión Europea, 2016), su diseño importa.

• Invertir en capacidades estatales: personal técnico, sistemas de auditoría y datos abiertos. La eficiencia política requiere oficio, no solo doctrinas.

• Reformar métricas: complementar el PIB con indicadores que incorporen bienestar, sostenibilidad y calidad institucional. Las métricas modelan prioridades.

• Regular plataformas con criterios transnacionales y coordinados: impuestos, protección de datos y competencia requieren acuerdos más allá de fronteras.

Estas medidas son tecnológicas y políticas a la vez: requieren recursos, legislación y, sobre todo, relatos públicos que expliquen por qué la intervención es un modo de garantizar mercados funcionales, no su sustituto.

Un cierre sobre retórica y responsabilidad

Volvamos a la pregunta inicial: ¿debe haber más mercado o más Estado? La respuesta perdura en su modestia: la división es menos útil que el análisis de herramientas. Observamos que las sociedades que han logrado combinar dinamismo económico con cohesión social no lo hicieron con fórmulas ideológicas simples, sino mediante arreglos institucionales —contratos públicos, fiscalidad, regulación— y mediante relatos capaces de sostener legitimidad pública.

Por eso la tarea intelectual y política es doble. Por un lado hay que diseñar mejores instrumentos: procedimientos más transparentes, métricas más pertinentes, capacidades administrativas reforzadas. Por otro, hay que contar otra historia: la del Estado como gestor de infraestructuras públicas y mercados creíbles; la del mercado como espacio que necesita reglas y mantenimiento. Cambiar las palabras cambia las prácticas; cambiar las prácticas cambia la legitimidad.

En esa intersección entre narrativas, métricas y oficio se juega el sentido perdurable de la relación entre estado y mercado. No se trata de elegir banderas, sino de construir instrumentos que funcionen y relatos que los sostengan.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa 'mercado como infraestructura'?

El mercado como infraestructura es la idea de que, además de bienes y servicios, hacen falta reglas, estándares y plataformas para que las transacciones funcionen: registros, certificaciones, normas de competencia y sistemas de pago. Sin esa infraestructura, los supuestos de competencia perfecta no se sostienen.

¿Por qué importan las métricas como el PIB?

Las métricas orientan decisiones: si el PIB es la medida principal, las políticas priorizarán crecimiento agregado; si incorporamos bienestar o sostenibilidad, cambiarán incentivos y prioridades. Medir es, en la práctica, decidir qué cuenta como éxito.

¿Qué rol tiene la contratación pública en esta discusión?

La contratación pública actúa como comprador masivo: puede orientar mercados mediante especificaciones técnicas, cláusulas ambientales o requisitos de empleo local. Si representa una fracción significativa del PIB, su diseño afecta competencia, innovación y sustentabilidad.

¿Cómo influye la tecnología en la relación estado-mercado?

La tecnología intensifica ambas dinámicas: aumenta la capacidad estatal para gestionar servicios y recaudar impuestos, pero también concentra poder en plataformas privadas. La gobernanza tecnológica requiere normas, interoperabilidad y acuerdos transnacionales.

¿Es mejor un Estado más grande o más eficiente?

La evidencia sugiere que la eficiencia institucional importa más que el tamaño per se. Un Estado eficiente con capacidad técnica asegura derechos y mercados funcionales; un Estado grande pero débil puede generar ineficiencia y captura. La prioridad es fortalecer capacidades y transparencia.