Cementerio de Avellaneda: 336 cuerpos exhumados y la cuenta pendiente de identidades
El EAAF presentó datos y una web sobre el sector 134; 119 identificaciones y más de 126 cuerpos aún sin nombre, y exigimos transparencia sobre registros y recursos públicos.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sistematizó y publicó materiales del sector 134 del cementerio de Avellaneda, donde se exhumaron 336 cuerpos en campañas iniciadas en 1986; 119 de esos restos fueron identificados por métodos antropológicos y de ADN, y más de 126 aún esperan nombre y contacto con familiares (según EAAF, citado por Infobae, 5/4/2026). Esta nota celebra ese trabajo forense y, al mismo tiempo, plantea las preguntas de transparencia que el Estado local y los organismos implicados deben responder.
¿Qué se encontró en la vaquera de Avellaneda?
El trabajo del EAAF en el sector 134 documenta prácticas de entierros clandestinos entre fines de 1975 y 1978, con pozos reutilizados conocidos como vaqueras y registros municipales fragmentarios o inexistentes; en la excavación se registraron 14 fetos o bebés y cerca de 60 personas mayores indigentes, además de la mayoría de adultos jóvenes con lesiones por proyectil (datos: EAAF/Infobae). La exhumación sistemática implicó una cuadrícula de 41 unidades y se extendió por años, enfrentando robos de piezas, falta de infraestructura y dudas sobre custodia de la información, según relata Patricia Bernardi.
Este material no es solo restos; son pruebas del funcionamiento del terrorismo de Estado. La combinación entre arqueología, antropología y genética permitió reconstruir circuitos de traslado y, en algunos casos, la identificación a partir de prótesis dentales o registros médicos. Que estos hallazgos estén ahora acompañados por una web de visualización es un avance, pero los libros de inhumación y las actas que el equipo consultó muestran omisiones y contradicciones que exigen acceso público a los expedientes.
¿Por qué importa este trabajo forense hoy?
La identificación devuelve nombre y vínculo a familias, pero también reconstruye cadenas de responsabilidades. De los 336 cuerpos exhumados, 119 identificaciones representan 35.4% del total exhumado (base: 336; EAAF/Infobae), lo que muestra tanto el éxito científico como la magnitud del pendiente: más de 126 exhumados permanecen sin identificar, al menos 37.5% sobre la misma base (datos: EAAF/Infobae). Además, el EAAF declara contar con 11.750 muestras de referencia en su banco, lo que ilustra la escala de la búsqueda pero también las limitaciones cuando faltan parientes directos para cotejar (EAAF, citado por Infobae).
Desde 1986 hasta 2026 pasan cuatro décadas de trabajo forense: ese recorrido demuestra que la ciencia y la memoria requieren continuidad institucional y protección de los registros. También nos recuerda que los vacíos en los libros municipales, en las actas de la morgue y en las causas judiciales no son detalles técnicos; son obstáculos para la verdad y para la justicia.
Transparencia, memoria y cuentas: ¿qué debemos exigir?
Celebramos la publicación de materiales y la restitución de identidades, pero exigimos medidas concretas de transparencia cuando intervienen ámbitos públicos. Primero, la publicación íntegra y verificable de los expedientes judiciales y municipales vinculados al sector 134; los libros de inhumación y las actas consultadas por el EAAF mostraron inconsistencias que deben ser explicadas (Infobae/EAAF). Segundo, la trazabilidad de la cadena de custodia de restos y registros —incluidos los incidentes de robo denunciados— y la auditoría de cualquier cesión o financiamiento público que haya apoyado las tareas.
No pedimos rituales de buena voluntad: pedimos acceso a la documentación que permita a familiares, investigadores y la sociedad comprobar métodos, fondos y decisiones. Si hubo apoyo logístico o financiero del Estado municipal o provincial, corresponde una auditoría independiente y la publicación de contratos, convenios y registros de gastos. Solo así la memoria se convierte en un bien público controlable y la historia recuperada cumple su función de aportar pruebas para la justicia y memoria para la sociedad.
Cierre
Vemos en la web y en las identificaciones un triunfo de la ciencia aplicada a los derechos humanos. Pero reconocemos también la deuda institucional: 40 años de trabajo no exoneran la responsabilidad de transparentar expedientes, asegurar la custodia de la información y someter a auditoría cualquier intervención pública. Exigimos esas medidas ahora, no mañana.
