Arancelar a estudiantes extranjeros: impacto marginal y debate distraído

La propuesta de cobrar un arancel a estudiantes extranjeros tendría un efecto fiscal marginal: según el profesor Lucas Luchilo, la medida recaudaría entre el 0,75% y el 1% del presupuesto universitario y alcanzaría a unas 126.000–127.000 personas (Canal E, 22/5/2026). Luchilo además señaló que cada alumno internacional gasta entre 7.000 y 10.000 dólares por año y que el costo anual por alumno en la universidad pública ronda los 1.600 dólares (Canal E, 22/5/2026). Esta combinación de cifras resume el núcleo práctico del debate: si se busca recorte presupuestario o señal política, los números importan.

¿Cuánto peso económico tienen los estudiantes extranjeros?

Vemos que la aritmética de la discusión es, en términos fiscales, modesta. El segmento de 126.000–127.000 estudiantes extranjeros (Luchilo, Canal E, 22/5/2026) es grande en términos humanos, pero su traducción al presupuesto es escasa: 0,75–1% del total universitario según la misma estimación. Además, el flujo económico que generan —entre 7.000 y 10.000 dólares por alumno por año en gasto privado— supera ampliamente el costo público directo por estudiante, estimado en 1.600 dólares anuales (Luchilo, Canal E, 22/5/2026). Estos datos sugieren que la medida, si se persigue por razones recaudatorias, sería una herramienta ineficiente. Lo que recibiría el Estado sería, en el mejor de los casos, una gota contable; lo que perdería podría ser movilidad, cooperación académica y efectos de difusión cultural.

¿Es viable y justo cobrarles arancel a los extranjeros?

Además de la eficacia limitada, hay preguntas legales y distributivas. Luchilo planteó que cobrar aranceles podría ser ilegal (Canal E, 22/5/2026); si eso fuera cierto, la medida abriría una caja de Pandora judicial y política. A su vez, el impacto distributivo es heterogéneo: muchos estudiantes extranjeros vienen con residencia permanente o asisten a privadas, y una parte importante de los beneficiarios actuales no encaja en la imagen del «turista educativo». Cobrar por sistema podría crear incentivos perversos —migraciones administrativas, solicitudes de residencia mixtas, mercados de certificados— y generar costos de fiscalización. Aquí aparece la noción de consecuencias no intencionadas: una política pensada como señal fiscal puede terminar fomentando captura y rent-seeking administrativo.

¿A qué problema distrae este debate?

Creemos que la discusión sobre aranceles funciona como cortina de humo. El núcleo del problema educativo argentino está antes de la universidad: el rendimiento en matemática, lengua y ciencias en la escuela secundaria, que condiciona la elección vocacional y la capacidad de cubrir carreras estratégicas. Si la universidad pública recibe ingresantes con déficits de base, ningún incentivo monetario a la carrera de ingeniería compensará la falta de formación previa. Esto remite a una vieja verdad institucional: la gratuidad universitaria en Argentina es heredera de una tradición que remonta, entre hitos, a la Reforma Universitaria de 1918; reformar la oferta superior sin atender la base escolar es fragmentario. Favorecer competencia, transparencia y auditorías en las universidades puede ser útil, pero la prioridad debería ser fortalecer la enseñanza primaria y secundaria para cambiar resultados en la mediana y larga plazo.

En síntesis, vemos que el cobro de aranceles a extranjeros tendría un impacto presupuestario marginal (0,75–1%) y genera riesgos legales y de incentivos. La alternativa sensata no es una medida simbólica de recaudación, sino reglas claras, auditorías y reformas educativas que ataquen el origen del problema. La política pública debe evitar la pretensión de conocimiento que convierte gestos fiscales en soluciones estructurales, porque las consecuencias no intencionadas suelen ser más costosas que los ahorros aparentes.