Alfonsín, el ilustrado de la democracia argentina
Un balance que reconoce a Raúl Alfonsín como promotor de la salida de la dictadura (1983) pero exige transparencia y auditoría de las narrativas públicas.
Se trata de defender una tesis clara: Raúl Alfonsín debe leerse como el "ilustrado" de la democracia argentina en el sentido kantiano de emancipación del entendimiento, pero esa reivindicación exige transparencia sobre hechos y decisiones públicas. Alfonsín fue elegido en 1983 y ejerció la Presidencia entre 1983 y 1989 (según Encyclopaedia Britannica), y su gestión quedó marcada por la apuesta a las instituciones y al juicio civil de los delitos de la dictadura.
¿Por qué hablar de Alfonsín como "ilustrado"?
La referencia a Kant no es retórica: el ensayo ¿Qué es la ilustración? data de 1784 y plantea la idea de salir de la "minoría de edad" por medio del uso público de la razón (Kant, 1784). En términos políticos, Alfonsín reclamó ese uso de la razón colectiva al promover la recuperación de la Constitución, la autonomía de los poderes y el debate público como mecanismos de aprendizaje colectivo; fue una apuesta por el individuo como sujeto político activo, no mero receptor de doctrinas. Vemos aquí una afinidad programática con la ilustración: primacía de la razón, la discusión y el pluralismo frente a los dogmas historicistas o mesianismos. No obstante, reconocer la intención ilustrada no significa ignorar las limitaciones materiales y los incentivos que condicionaron sus políticas.
¿Cómo impactó esto en la república y qué antecedente hubo?
La elección de 1983 puso fin, de hecho, a un periodo caracterizado por interrupciones constitucionales repetidas: entre 1930 y 1983 se registraron seis golpes de Estado relevantes, según el recuento histórico de Encyclopaedia Britannica, y la última dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 duró siete años (según la misma fuente). Ese antecedente explica por qué la prioridad alfonsinista sobre instituciones, derechos humanos y juicios fue percibida como reparación y condición de posibilidad republicana; el Juicio a las Juntas se realizó en 1985, apenas dos años después de la recuperación democrática, lo que muestra la velocidad y el riesgo político de esa decisión (según registros históricos). Pero también revela la tensión entre el deseo de corrección histórica y la fragilidad de las bases materiales para sostener reformas largas.
Límites, consecuencias no intencionadas y exigencia de auditoría
La reconstrucción institucional encontró límites económicos y burocráticos que no se resolvieron por diseño retórico: la pretensión de reordenar la vida pública desde el centro político generó incentivos inesperados, captura de programas y fricciones fiscales. Como advertía Hayek, la pretensión de conocimiento total produce efectos no previstos; aquí se hizo visible en la incapacidad para prever costos distributivos y en la sobredependencia estatal de arreglos coyunturales. Por ello, no basta proclamar a Alfonsín como ilustrado: exigimos publicación de datos, apertura de archivos y auditorías independientes sobre decisiones públicas y memorias oficiales para que la narrativa histórica no sea monopolio de intereses. Esta exigencia es coherente con nuestra postura previa sobre cultura y transparencia: sin acceso a fuentes, las afirmaciones se vuelven performativas y pueden encubrir captura del Estado.
Al cerrar, conviene evitar la hagiografía: Alfonsín legó institucionalidad y un horizonte normativo, pero esas conquistas requieren mantenerse mediante rendición de cuentas y discusión informada. Pedimos que las escuelas, los centros culturales y los archivos publiquen protocolos y datos sobre la selección de fuentes y narrativas, y que las políticas de memoria sean sometidas a auditorías independientes: solo así la ilustración política se transforma en orden espontáneo y no en retórica planificadora. La historia democrática debe ser verificable; quien reivindica la razón no puede temer a los datos.
