Acusaciones de Petro sobre supuestas 'chuzadas' a De la Espriella y la urgencia de transparencia

Se trata de una acusación pública del presidente Gustavo Petro, publicada el 4 de abril de 2026 en la red X, que sugiere la existencia de informes de inteligencia vinculando a empresarios con el candidato Abelardo de la Espriella y el sistema de pasaportes (Infobae, 5/4/2026). Esta afirmación encendió una reacción política masiva y planteó preguntas básicas: ¿se usaron recursos del Estado para vigilar a opositores? ¿Hay órdenes judiciales que respalden esas interceptaciones? La pregunta no es menor en una campaña electoral.

¿Qué dijo Petro y por qué importa?

Petro señaló en su publicación que los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, no habrían devuelto claves del sistema de pasaportes y que existen informes de inteligencia sobre conversaciones entre esos empresarios y De la Espriella (Infobae, 5/4/2026). El dato concreto es la fecha del tuit: 4 de abril de 2026, lo que convierte la declaración en un acto público del jefe de Estado durante la carrera electoral. Esa combinación de mensaje público y referencia a inteligencia estatal altera el equilibrio institucional: cuando la máxima autoridad alude a informes secretos, la ciudadanía tiene derecho a saber si se actuó con orden judicial o con fines políticos. La historia reciente de abusos de herramientas de vigilancia obliga a la prudencia: desde 2019, con las revelaciones sobre Pegasus, la sociedad exige reglas claras sobre inteligencia (Amnistía Internacional / Forbidden Stories, 2019).

¿Qué dijeron los actores y qué pruebas presentan?

La nota recoge reacciones de al menos 11 figuras públicas —entre abogados, periodistas y senadores— que pidieron claridad inmediata y la intervención de procuraduría y fiscalía (Infobae, 5/4/2026). Voces como la del abogado de De la Espriella, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y otros calificaron la afirmación como gravísima si no viene acompañada de pruebas y pidieron que el gobierno presente evidencias o formule la denuncia correspondiente. La demanda común es procedural: ¿hay órdenes judiciales? ¿qué entidades de inteligencia participaron? ¿se usaron bases de datos o algoritmos del Estado con fines electorales? En ausencia de esas respuestas, la afirmación presidencial se convierte en una herramienta política más que en una pieza probatoria.

¿Qué exigimos y qué pasos deben seguir las instituciones?

Vemos con preocupación que una acusación de esta naturaleza se plantee en un trino presidencial sin acompañar la documentación necesaria. Por eso exigimos tres pasos inmediatos y verificables: 1) publicación y desclasificación de los expedientes o, en su defecto, la remisión segura y completa de esos informes a la procuraduría y la fiscalía para su investigación (Infobae, 5/4/2026); 2) auditoría independiente sobre el uso de capacidades tecnológicas y bases de datos del Estado ligada a un cronograma público; y 3) debate parlamentario público que determine límites y reformas al aparato de inteligencia con garantías procesales para todos los actores políticos. Pedimos además que cualquier información sensible que ponga en riesgo vidas o procesos judiciales sea protegida, pero que la regla sea transparencia cuando la afectación es al proceso electoral. Repetimos una exigencia que hemos sostenido en otros temas de intervención estatal: la sociedad no puede aceptar sospechas permanentes sin mecanismos públicos de verificación. Si no hay pruebas, la responsabilidad política es del acusador; si las hay, la responsabilidad penal y administrativa debe aplicarse con rigor.

En una democracia, la sospecha no puede sustituir a la prueba. La política se dirime con ideas y cuentas claras, no con insinuaciones que usan el aparato del Estado como efecto escenográfico. Exigimos, por tanto, controles, auditorías y debate urgente como única manera de restablecer confianza y proteger la integridad del proceso electoral.