El riesgo país argentino alcanza su máximo en 11 meses: señales de tensión preelectoral

El riesgo país de Argentina alcanzó su nivel más alto en once meses, un dato que no sorprende a quienes siguen con atención la dinámica de los mercados pero que invita a una reflexión más profunda sobre los límites del gradualismo en un contexto de alta fragilidad institucional.

Según datos del EMBI, el spread de los bonos soberanos argentinos superó los 700 puntos básicos, nivel que no se registraba desde noviembre de 2025. Este repunte ocurre en un momento en que el gobierno de Javier Milei enfrenta la paradoja de haber logrado estabilizar algunos agregados macroeconómicos mientras la percepción de riesgo político vuelve a deteriorarse.

Desde una perspectiva liberal, este movimiento del mercado no es un veredicto ideológico contra las ideas de la libertad. Es, más bien, la manifestación previsible de cómo los actores económicos reaccionan ante la incertidumbre generada por la proximidad de un ciclo electoral en un país con historia de incumplimientos y cambios abruptos de rumbo.

El conocimiento disperso que Hayek tanto enfatizaba opera aquí con crudeza: los inversores internacionales y locales evalúan no solo las cifras de superávit primario o la desaceleración inflacionaria, sino también la sostenibilidad política de esas conquistas. Y en ese cálculo, la dispersión del poder y la resistencia de intereses corporativos que aún dominan amplios sectores de la economía argentina generan señales preocupantes.

No es casual que el repunte coincida con el ingreso en la etapa preelectoral. La historia argentina reciente muestra que los mercados castigan con particular severidad los períodos en que los gobiernos deben negociar con legislaturas hostiles o cuando las promesas de ajuste se enfrentan a la tentación de relajar la disciplina fiscal para ganar votos.

Aquí aparece con claridad uno de los axiomas liberales: el Estado es necesario pero peligroso. Cuando su tamaño sigue siendo desproporcionado y su captura por grupos de interés organizado resulta estructural, cualquier señal de que el ajuste puede ralentizarse es leída inmediatamente como riesgo de retorno al populismo monetario.

La inflación, como señaló Milton Friedman, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero la confianza en que un gobierno mantendrá la disciplina necesaria para evitarla es un fenómeno político. Y en ese terreno, Argentina arrastra un déficit de credibilidad que no se resuelve en meses, sino que requiere años de consistencia institucional.

El gobierno ha logrado reducir drásticamente la emisión monetaria y ha obtenido superávit fiscal primario en varios meses consecutivos, logros que hace apenas dos años parecían utópicos. Sin embargo, el mercado parece descontar que estas victorias son frágiles. La dificultad para avanzar con reformas estructurales más profundas —laboral, previsional, federalismo fiscal— alimenta la narrativa de que el ajuste actual podría ser solo un paréntesis.

Esta percepción no es meramente especulativa. El peronismo, aunque debilitado, mantiene una capacidad de veto significativa en el Congreso y en amplios sectores de la sociedad civil. Su discurso igualitarista, basado en la pretensión de conocimiento que Popper denunciaba, sigue resonando en una parte importante del electorado que aún no ha internalizado las consecuencias no intencionadas de décadas de intervencionismo.

Desde la lente de la Escuela Austríaca, lo que estamos viendo es la tensión entre un orden espontáneo que intenta emerger —con mayor disciplina fiscal y menor intervención— y las organizaciones deliberadas (sindicatos, empresas estatales, sectores protegidos) que resisten la pérdida de privilegios.

El riesgo país no mide solo probabilidades de default. Mide también el costo de capital que la sociedad argentina debe pagar por su histórica incapacidad de generar reglas estables. Cada punto adicional en el EMBI se traduce en menos inversión, menos empleo formal y menos crecimiento en el largo plazo.

La administración Milei enfrenta, por tanto, un dilema clásico del liberalismo argentino: cómo avanzar con la reducción del Estado sin que el propio debilitamiento político haga inviable esa reducción. La tentación de buscar consensos que diluyan el ajuste es comprensible desde la lógica electoral, pero históricamente ha sido el camino que lleva de nuevo al ciclo de populismo y colapso.

Como señalaba Hayek en “Camino de servidumbre”, las pequeñas concesiones al intervencionismo terminan erosionando el marco mismo que permite la cooperación social pacífica. El mercado, con su mecanismo de precios y su dispersión de conocimiento, está diciendo hoy que exige mayor compromiso con las reformas de segunda generación.

La respuesta no puede ser más gasto ni más emisión encubierta. Tampoco puede ser el aislamiento retórico. Requiere, en cambio, una comunicación más efectiva de por qué la disciplina fiscal no es un capricho ideológico sino la única forma de evitar que la igualdad ante la ley se transforme, una vez más, en igualitarismo coercitivo.

Los próximos meses serán decisivos. Si el gobierno logra mantener el ancla fiscal y avanzar aunque sea parcialmente en desregulaciones estructurales, el repunte del riesgo país puede resultar un episodio transitorio. Si, por el contrario, la preelectoralidad lleva a señales de relajamiento, estaremos ante la enésima demostración de que en Argentina las ideas liberales encuentran más obstáculos en la política doméstica que en el contexto internacional.

La lección, una vez más, es que la batalla cultural precede y condiciona la batalla económica. Sin un cambio profundo en la comprensión colectiva de cómo se genera riqueza y por qué el intervencionismo destruye incentivos, cada baja del riesgo país será siempre provisoria y cada repunte, una advertencia que conviene no ignorar.