El juicio a Emilio Parodi: un exdirectivo de Molinos ante la justicia por los secuestros de la dictadura

El juicio oral contra Emilio Parodi, exdirectivo de la empresa Molinos Río de la Plata, comenzó esta semana en los tribunales federales de Buenos Aires. El hombre, que ocupaba un cargo gerencial en la firma durante la dictadura militar, está acusado de haber colaborado activamente con las fuerzas armadas en el secuestro de tres trabajadores que participaban en actividades sindicales. Las víctimas —cuyos nombres se mantienen en la causa— continúan desaparecidas desde entonces.

Según la imputación, Parodi habría proporcionado información interna de la empresa, facilitado accesos y coordinado con los represores para que los operativos se llevaran a cabo dentro o en las inmediaciones de la planta industrial. Este tipo de complicidad empresarial no es nuevo en la jurisprudencia argentina: varios casos han demostrado cómo sectores del mundo corporativo vieron en el terrorismo de Estado una oportunidad para eliminar conflictividad laboral.

El proceso judicial se enmarca en la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad que, si bien avanzaron con lentitud en las últimas décadas, siguen marcando la agenda de la justicia federal. Lo llamativo aquí no es solo la figura del acusado —un civil de perfil gerencial— sino el hecho de que el caso ponga bajo la lupa la responsabilidad de la empresa misma. Molinos, una de las marcas más emblemáticas del país, nunca ha ofrecido una explicación pública detallada sobre su rol durante aquellos años.

Desde una perspectiva liberal, el caso invita a reflexiones incómodas. La violencia estatal sistemática fue un horror que destruyó vidas y familias; pero también es cierto que el sindicalismo argentino de los setenta no siempre fue un actor inocente. Muchos gremios estaban penetrados por organizaciones armadas que practicaban el terrorismo selectivo contra empresarios y gerentes. Esa doble espiral de violencia —estatal y subversiva— no justifica los secuestros ni las desapariciones, pero ayuda a entender el contexto en el que ciertos directivos vieron en la dictadura un aliado contra lo que percibían como una amenaza existencial a la propiedad y la producción.

El problema conceptual surge cuando la justicia convierte en paradigma exclusivo una sola de las violencias y transforma a todos los civiles involucrados en “cómplices” sin distinguir grados de responsabilidad. La figura de la “lesa humanidad” aplicada de manera retroactiva y selectiva genera dudas razonables sobre la imparcialidad del proceso. ¿Se juzga aquí un delito concreto o se busca una narrativa histórica oficial que ya está escrita de antemano?

Resulta llamativo que, casi cincuenta años después, sigamos revisitando estos casos con el mismo lenguaje y las mismas categorías políticas que se impusieron en la transición democrática. Borges, que vivió aquellos años con lucidez incómoda, advertía contra las simplificaciones binarias. La literatura y la historia serias exigen matices: reconocer el horror de la represión ilegal sin convertirlo en excusa para blanquear la previa escalada terrorista.

El juicio a Parodi continuará en las próximas semanas. Más allá del veredicto, su valor radica en recordarnos que la verdadera reconciliación nacional nunca llegará mientras la memoria siga siendo un monopolio estatal y mediático. Una sociedad liberal madura debería poder mirar su pasado trágico sin dogmas, con la misma exigencia de verdad que aplica a cualquier otro período de su historia. Solo así la justicia deja de ser instrumento de revancha y se convierte en instrumento de paz.