Tribunal ordenó devolver Coosalud pero la Supersalud no lo ejecuta

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de Coosalud EPS en el Auto Interlocutorio 072 firmado el 14 de abril de 2026 y concluyó que el plan de acción no cumplió el objetivo de estabilizar la entidad, según Infobae. Pese a esa orden judicial, la Superintendencia y la Superintendencia de la Economía Solidaria mantienen medidas administrativas sobre la cooperativa, y la devolución de la administración a las directivas anteriores no se ha ejecutado. Esta contradicción entre una orden judicial y una práctica administrativa abre una grieta institucional con efectos concretos sobre la operación diaria de la EPS.

¿Qué decidió el tribunal y qué implica para la gestión?

El fallo consignado en el Auto Interlocutorio 072 de 2026 determinó que la intervención iniciada en noviembre de 2024 y prorrogada en 2025 no produjo los resultados esperados y ordenó la suspensión provisional de la toma de posesión, según el propio documento citado por Infobae. En términos prácticos, la decisión implica la restitución de la administración a las directivas previas mientras se define el fondo del proceso, aunque el magistrado fijó esa restitución de manera condicionada. Las declaraciones del abogado del exgerente señalan que la medida afecta a más de tres millones de afiliados, dato recogido por el mismo medio, y por eso la ejecución inmediata de la orden judicial tendría un impacto operativo y reputacional relevante. La existencia de una orden judicial clara y de medidas administrativas paralelas plantea la pregunta sobre jerarquía y cumplimiento del Estado de derecho.

¿Por qué el Gobierno y la Supersalud se resisten a devolver la administración?

La Superintendencia de la Economía Solidaria explicó que el fallo judicial tiene efectos sobre la EPS pero no anula la intervención administrativa sobre la cooperativa, y advirtió que la reposición de cargos de libre nombramiento exige evaluaciones de idoneidad y responsabilidad, según comunicado citado por Infobae. En la disputa entró el Presidente con mensajes públicos que calificaron al exgerente de corrupto y pidieron acciones contra el magistrado, lo que ya motivó una orden de retractación del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá y la imposición de una sanción de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la cobertura del caso. Ese cruce entre política y justicia alimenta la sensación de captura y de doble estándar: cuando las decisiones afectan a una empresa estratégica del sistema de salud vemos apelaciones a la excepcionalidad. Por eso exigimos transparencia, publicación de expedientes y una auditoría independiente que permita separar la política del trámite administrativo y judicial.

¿Qué significa esto para los afiliados y la gobernanza del sistema de salud?

La paralización en la restitución administrativa no es un problema meramente técnico; puede repercutir en la prestación de servicios a afiliados y en la estabilidad financiera de la EPS, cuestión destacada por abogados y funcionarios en la cobertura periodística. Además, la Procuraduría terminó suspendiendo al interventor designado por el Gobierno, según la misma fuente, lo que suma incertidumbre sobre quién toma decisiones operativas. En la práctica, cuando una autoridad mantiene el control ejecutivo pese a un mandato judicial, la pérdida de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas crecen; esos son riesgos que los 3.000.000 de afiliados mencionados en la nota no pueden permitirse. Por eso planteamos una salida institucional: publicación de expedientes, auditoría independiente y debate parlamentario que permita evaluar responsabilidades administrativas y penales y garantizar que la gestión del sistema de salud se rija por criterios técnicos y no por la lógica del relato político.