Llaryora inaugura tramo de circunvalación cordobesa y exige fondos de retenciones

El gobernador Martín Llaryora inauguró este domingo un nuevo tramo de 7 kilómetros de la circunvalación de la ciudad de Córdoba que une la ruta provincial 4 con la nacional 9. La obra, que demandó una inversión de 15.690 millones de pesos, forma parte de un plan más amplio de mejora de la conectividad vial en la región.

Durante el acto, Llaryora no perdió la oportunidad de reiterar un reclamo ya clásico en los gobernadores del interior: que la Nación devuelva a las provincias una porción mayor de los fondos que se recaudan por retenciones a las exportaciones agropecuarias. “El campo cordobés aporta y Córdoba necesita que ese aporte vuelva en infraestructura”, señaló.

La posición del mandatario cordobés refleja una tensión estructural del federalismo argentino. Las retenciones son un impuesto que recae principalmente sobre las provincias productoras, pero su recaudación se concentra en la órbita nacional. Reclamar una mayor devolución no es un capricho electoral; es la constatación de que las obras que el interior necesita para seguir produciendo y exportando terminan financiándose con recursos que primero se llevan a Buenos Aires.

La circunvalación no es un capricho estético. Se trata de una arteria clave para descomprimir el tránsito pesado que hoy atraviesa la ciudad, reducir costos logísticos y mejorar la seguridad vial. Cada kilómetro habilitado representa menos camiones por avenidas urbanas y menor tiempo de traslado para la producción que sale hacia el puerto de Rosario o hacia el norte del país.

Sin embargo, el contexto económico nacional complica el panorama. El ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno central, necesario para estabilizar las cuentas, reduce el flujo de transferencias discrecionales. Esto obliga a las provincias a buscar financiamiento propio o a reclamar con mayor fuerza lo que consideran que les corresponde.

Llaryora, que gobierna una provincia con peso agroindustrial significativo, sabe que el reclamo por retenciones tiene eco en gran parte del interior productivo. No es solo Córdoba. Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires interior y buena parte del NEA y NOA comparten la misma lógica: producen bienes transables, pagan el impuesto y luego deben mendigar obras que deberían financiarse naturalmente con lo recaudado.

La obra inaugurada se suma a otros tramos ya habilitados y forma parte de un proyecto que, una vez completo, permitirá rodear la ciudad sin atravesarla. Desde el punto de vista liberal, este tipo de infraestructura es una de las pocas funciones legítimas del Estado: facilitar el comercio y reducir los costos de transacción. El problema no es que se construya, sino cómo se financia y quién decide la prioridad de las obras.

Cuando los recursos se concentran en el poder central, las decisiones terminan respondiendo a criterios políticos porteños antes que a las necesidades productivas del país real. El reclamo de Llaryora, más allá de su oportunismo en el acto de inauguración, pone el dedo en una herida vieja del federalismo argentino: la distancia entre donde se genera la riqueza y donde se decide cómo gastarla.

Si el Gobierno nacional quiere consolidar su programa de estabilización, deberá encontrar mecanismos más transparentes y automáticos de coparticipación de estos recursos. De lo contrario, seguirá alimentando el viejo juego de gobernadores que cortan cintas con fondos nacionales y luego critican al poder central por no darles más. El desafío es pasar de la discrecionalidad y el reclamo permanente a reglas de juego claras que premien a quien produce y no a quien presiona mejor en la Rosada.