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Denuncia por adopciones del ICBF: cuatro niños fuera del país y uno muerto en Jordania

Familiares denuncian irregularidades en la entrega de cuatro menores por parte del ICBF; uno murió en 2018 y tres permanecen bajo tutela en Jordania, según Infobae (10/3/2026).

Publicado el 16 de marzo de 2026, 14:02 hs

Denuncia por adopciones del ICBF: cuatro niños fuera del país y uno muerto en Jordania

Se trata del caso de Yaneth Pardo: según la nota de Infobae del 10/3/2026, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) habría retirado en 2017 a cuatro de sus hijos y, según la denuncia, uno de esos menores murió por maltrato en Jordania en 2018. (Infobae, 10/3/2026). La madre afirma que nunca autorizó adopciones y que los niños fueron declarados como fallecidos en registros civiles, lo que —según su relato— posibilitó el cambio de identidad y la salida del país.

¿Qué cuenta la denuncia y qué datos verificables aparecen?

Según el testimonio publicado por Infobae (10/3/2026), los hechos centrales son claros en cifras: cuatro menores retirados en 2017; uno fallecido en 2018; y un contacto en 2024 que informó a la madre sobre la situación en Jordania. (Infobae, 10/3/2026). La madre sostiene que los niños estuvieron escolarizados y bajo cuidado antes de la intervención; el abogado del pódcast "Vamos Pa Eso" señaló sesgos clasistas en la interpretación de vulnerabilidad por parte del ICBF. (Infobae, 10/3/2026). Además, la denuncia incluye la afirmación de que los tres hermanos sobrevivientes permanecen en un albergue bajo tutela estatal en Jordania, y que la madre ha solicitado intervención de la Defensoría, la Cancillería y la Presidencia sin respuestas concretas. (Infobae, 10/3/2026).

¿Cómo pudo ocurrir una salida internacional con cambio de identidad?

Vemos aquí una combinación peligrosa de opacidad administrativa y fallas de seguimiento. La denuncia indica que los registros civiles habrían consignado fallecimientos para facilitar cambios identitarios y la salida de los menores (Infobae, 10/3/2026). Si se confirma, sería un fraude procesal y una omisión grave por parte de quienes debían custodiar la cadena de cuidado. Desde 2017 hasta 2024 transcurrieron siete años en los que, según la madre, no hubo información clara sobre el paradero de los niños; en ese lapso se produjo la muerte constatada en 2018. (Infobae, 10/3/2026). Exigimos que el ICBF publique los expedientes, las actas de guarda y las notificaciones remitidas a la progenitora, y que se active una auditoría independiente para reconstruir cronologías y responsabilidades.

¿Qué responsabilidades institucionales y qué controles reclamamos?

La lógica de nuestra exigencia es simple: transparencia, trazabilidad y controles. El Estado colombiano, a través del ICBF, Cancillería y la Defensoría, debe explicar cómo cuatro menores salieron del país y por qué no hubo informes de seguimiento tras su registro en el extranjero (Infobae, 10/3/2026). Reclamamos tres medidas inmediatas: 1) auditoría forense de los expedientes de adopción y de las actas del registro civil; 2) publicación de contratos, comunicaciones y salidas migratorias vinculadas a esos casos; 3) coordinación formal con autoridades jordanas y, si corresponde, con mecanismos multilaterales de cooperación judicial. Pedimos además la revisión de protocolos que ponen a la pobreza al mismo nivel que abandono, como denunció el abogado en el pódcast citado. (Infobae, 10/3/2026).

¿Qué implica esto para la política pública y la opinión pública?

Este episodio, si se confirma, no es solo una tragedia privada; es un fallo del aparato público que debe preocupar a quienes defendemos la protección infantil sin clientelismos. Exigimos que, además de las investigaciones penales si corresponden, el Estado publique indicadores agregados: cuántas separaciones por supuesta negligencia derivaron en adopciones internacionales en los últimos diez años y cuántos seguimientos posadopción se realizaron. Si esos datos no están disponibles, hay que decirlo y corregir el sistema. Reclamamos también garantías para la madre denunciadora: según el reportaje, ha recibido amenazas por hacer público el caso. (Infobae, 10/3/2026).

Como balance, vemos la necesidad urgente de auditorías externas, apertura de expedientes y cooperación internacional que permitan esclarecer responsabilidades y priorizar el interés superior del niño, sin confundir vulnerabilidad con abandono sistemático.

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