Caso Andis: pruebas sugieren comisiones de hasta 20% en contrataciones

La causa Andis reúne certificados de pago y mensajes que, según La Nación y el dictamen fiscal, apuntan a que intermediarios cobraban entre el 12% y el 20% de las adjudicaciones; en una foto del expediente aparece la leyenda "Miguel 20%" junto a sumas que totalizan $115 millones (según LA NACION y el dictamen fiscal).

¿Qué revela la pesquisa sobre el mecanismo de comisiones?

El corazón de la causa son coincidencias entre certificados de pago emitidos por Andis y anotaciones enviadas por proveedores a un intermediario identificado como Miguel Calvete. Por ejemplo, el 30 de junio de 2025 Andis autorizó dos pagos a Artrobone por $17.000.000 y $16.000.000; ocho días después una tabla enviada a Calvete consignaba exactamente esas cifras y el rubro "Miguel $6.600.000", que representa el 20% de la suma (según LA NACION). El fiscal Franco Picardi describe a Calvete como "permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando entre 12% y 20%" (dictamen fiscal Picardi). Además, el expediente incluye mensajes del entonces funcionario Daniel Garbellini con listados por $2.021 millones, y el mismo día Andis emitió 16 certificados por ese monto (LA NACION). Estos cruces documentales obligan a transparentar qué información circulaba dentro del organismo.

¿Cómo impacta esto en el mercado de insumos ortopédicos y en el uso del dinero público?

El caso toca compras con valores que, según un documento interno del Ministerio de Salud, muestran presuntos sobreprecios extremos: en algunos rubros se menciona hasta un 4.239% de diferencia respecto a referencias de mercado (documento interno Ministerio de Salud citado por LA NACION). Entre las operaciones más relevantes figura Expo Trauma con $400,7 millones en certificados del 24 de julio de 2025, mientras que Ortopedia Bernat aparece con facturas relacionadas a andadores con la diferencia señalada por Salud (LA NACION; documento interno Ministerio de Salud). La acumulación de montos en pocas fechas —por ejemplo, dos pagos a Artrobone el 30/6 frente a 16 certificados por $2.021 millones el 24/7/2025— sugiere que en menos de un mes se concentró gran volumen de adjudicaciones fuera del portal Compr.Ar (LA NACION). El efecto es doble: se distorsiona el mercado proveedor y se erosiona la confianza en la gestión de fondos destinados a personas con discapacidad.

¿Qué medidas exigimos frente a estas pruebas?

Ante documentos que describen pagos, tablas con porcentajes y comunicaciones privadas, la respuesta pública no puede ser procesal y tímida. Exigimos la publicación íntegra de los expedientes administrativos vinculados a las compras aquí mencionadas, una auditoría independiente sobre las contrataciones y un debate parlamentario que permita revisar el Siipfis y su práctica de no publicar compulsas en Compr.Ar (posición congruente con pedidos anteriores sobre transparencia en medios y cultura). Los datos ya públicos obligan a preguntas concretas: ¿por qué no estaban visibles las licitaciones? ¿quién autorizó excepciones al régimen de compras? ¿qué rendición existe sobre $2.021 millones de pagos detectados en una sola comunicación? El Estado debe dar las herramientas para que la sociedad evalúe daños y recupere mecanismos de control.