ARCA habilita certificado de trabajo digital y elimina firmas en papel

ARCA oficializó el certificado de trabajo digital: a partir del 18 de mayo de 2026 el formulario F.984 podrá generarse electrónicamente sin firmas manuscritas, según la Resolución General 5848/2026 publicada en el Boletín Oficial (18/05/2026).

¿Qué cambia concretamente para empresas y trabajadores?

La norma reglamenta que la confección del "Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT" se realizará por el sistema Simplificación Registral y que la identidad del empleador se valida con Clave Fiscal de nivel 2 o superior (Resolución General 5848/2026, Boletín Oficial, 18/05/2026). El comprobante digital incluirá un código QR que permite validar autenticidad y detallará los importes percibidos por el asalariado durante el último semestre, según el texto oficial. Para el trabajador eso implica acceso inmediato al legajo previsional a través del servicio web Trabajo en Blanco y la posibilidad de descargar el certificado desde home banking de entidades homologadas.

La resolución prevé una modalidad excepcional en formato papel: la empresa podrá imprimir por duplicado y recolectar rúbricas hológrafas si corresponde; además introduce una salvedad técnica para periodos anteriores a julio de 1994, que seguirán requiriendo constancias impresas por limitaciones de los registros históricos (RG 5848/2026).

¿Cómo impacta esto en el mercado laboral argentino?

En términos de carga administrativa, la medida busca reducir trámites para recursos humanos al evitar firmas físicas y consolidar datos desde las bases fiscales: altas/bajas laborales, liquidaciones y aportes se volcarán de forma automática al nuevo instrumento (Resolución General 5848/2026). Si el objetivo es eficiencia, la pregunta clave es cómo se traduce eso en tiempo y costos concretos para las pymes y en la calidad de la información para empleados y organismos de control. La digitalización puede acelerar comprobantes y evitar demoras que hoy generan litigios laborales y trámites bancarios.

Sin embargo, la transición también obliga a comparar: hasta el 17 de mayo de 2026 existía un régimen que contemplaba firmas manuscritas; desde el 18/05/2026 rige el nuevo esquema que deroga la Resolución General 2316 y modifica la 3676 para suprimir solapamientos, según el Boletín Oficial. La eficacia real dependerá de la adopción por parte de empresas y bancos homologados y de la calidad de la data histórica que nutre el sistema.

¿Qué controles y riesgos quedan abiertos?

El sistema digital incorpora validación por Clave Fiscal nivel 2, QR y vinculación con home banking, pero no resuelve por sí solo cuestiones de transparencia y control. No hay en la resolución un mandato explícito de auditoría independiente ni de publicación masiva de expedientes administrativos que permita verificar integridad de los registros; por eso exigimos publicación de expedientes y auditoría independiente sobre la implementación, conforme a la línea editorial que venimos sosteniendo. Además, la excepción para registros anteriores a julio de 1994 plantea un riesgo de desigualdad informativa: esos períodos seguirán dependiendo de libros físicos y constancias manuales (RG 5848/2026).

Hay también un punto práctico: no hay dato público en la resolución sobre cuántos trabajadores o empleadores no cuentan con Clave Fiscal nivel 2 o con acceso a home banking compatible, ni sobre los tiempos estimados de implementación por sector. Esa ausencia debe corregirse con informes públicos y métricas claras.

Qué exigimos desde aquí y por qué importa

Vemos la digitalización como una oportunidad legítima para reducir trámites y modernizar registros, pero no como una excusa para cerrar espacios de control. Exigimos que ARCA y el Ministerio que corresponda publiquen el expediente completo de la RG 5848/2026 (Boletín Oficial, 18/05/2026), que se realice una auditoría independiente sobre la migración de datos históricos y que se habilite un plazo de adecuación asistida para pymes y trabajadores sin clave fiscal. También pedimos indicadores públicos: número de certificados generados, porcentaje de legajos con discrepancias y tiempos promedio de acceso, para evaluar resultados frente al sistema anterior vigente hasta el 17/05/2026.

La digitalización no es neutra: mejora procesos si va acompañada de transparencia, control externo y políticas para quienes quedan fuera del circuito digital. Sin esas garantías, corremos el riesgo de transferir cargas administrativas a los trabajadores y de consolidar registros opacos en nombre de la modernización (RG 5848/2026; derogación RG 2316; modificación RG 3676).