La libertad de prensa y los límites del agravio presidencial

El viernes 23 de octubre de 2026, Javier Milei fue sobreseído en la causa conocida como $LIBRA. Pocas horas después, en lugar de cerrar un capítulo judicial que lo había acompañado durante más de un año y medio, el Presidente eligió abrir otro frente: amenazó con acciones legales contra los periodistas que investigaron el caso y acusó directamente al grupo La Nación de haber montado una operación para extorsionarlo y obtener favores impositivos vinculados al Movistar Arena.

En una cena de la Fundación Faro y luego en una entrevista radial, Milei nombró uno por uno a los periodistas que siguieron la investigación —Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin, Luis Novaresio— y los calificó de “ensobrados y corruptos”. Remató la alocución con una imagen de inusual crudeza: que “se tienen que quemar en la hoguera”. El aplauso de parte del auditorio, incluida su hermana Karina Milei, no hizo más que amplificar el efecto.

Estas declaraciones no pueden leerse como un exabrupto aislado. Forman parte de un patrón que el propio Presidente ha convertido en estrategia comunicacional: la descalificación personal como respuesta a la crítica. El informe anual de FOPEA correspondiente a 2025 ya registraba 119 agresiones verbales atribuidas a Milei, la cifra más alta desde que la entidad comenzó su monitoreo en 2008. El lenguaje de la hoguera representa, en palabras de la misma organización, “un salto cualitativo en la hostilidad oficial”.

Desde la perspectiva liberal que esta revista defiende, el asunto presenta aristas incómodas. La libertad de prensa no es un valor progresista ni un privilegio corporativo: es una institución emergente que forma parte del orden espontáneo de una sociedad abierta. Como señalaba Karl Popper, la sociedad abierta se sostiene sobre la crítica pública y la posibilidad permanente de falsación de las hipótesis de gobierno. Suprimir esa crítica, aunque sea mediante el descrédito sistemático o la amenaza judicial selectiva, equivale a cerrar una vía esencial de corrección de errores.

Milei tiene razón cuando denuncia la captura de gran parte del periodismo argentino por agendas ideológicas y cuando señala la hipocresía de quienes viven de subsidios estatales mientras pontifican sobre la pureza republicana. Pero la corrección de esos vicios no pasa por equiparar periodismo crítico con extorsión ni por amenazar con hogueras metafóricas que, en el clima argentino, siempre corren el riesgo de ser leídas literalmente.

La causa $LIBRA, más allá del sobreseimiento, expuso problemas reales de conflicto de intereses, opacidad en las relaciones entre funcionarios y empresarios, y una gestión familiar del poder que genera legítimas sospechas. Que el juez Martínez de Giorgi haya considerado que no había delito no borra el hecho de que la prensa cumplió su función al publicar información que el propio Presidente y su entorno consideraron dañina. Como recordó FOPEA, el sobreseimiento no convierte en falsa la cobertura periodística de una investigación que duró más de 500 días e involucró al Presidente, a su hermana y a varios funcionarios.

Aquí aparece el núcleo teórico del problema. Hayek advertía contra la “fatal arrogancia” de creer que un actor central puede poseer todo el conocimiento relevante. En una república, ese conocimiento disperso incluye las investigaciones periodísticas, por imperfectas o sesgadas que sean. La respuesta liberal correcta ante un periodismo hostil no es la amenaza judicial ni el agravio sistemático, sino la argumentación, la transparencia radical y la construcción de contrapesos institucionales.

La diputada Silvana Giudici, referente libertaria en materia de libertad de expresión, lo expresó con claridad: el trabajo de los periodistas es investigar, disentir y publicar. Esa función actúa como contrapeso necesario del poder. Cuando el poder responde con la estigmatización personal y la retórica inquisitorial, no fortalece su posición; la debilita moral e intelectualmente.

El liberalismo argentino enfrenta aquí una prueba de consistencia. No se trata de defender a periodistas que, en muchos casos, han sido activistas políticos disfrazados de cronistas. Se trata de defender una institución —la prensa libre— que forma parte del entramado de controles que impiden la concentración abusiva del poder. Como sostenía Nozick, el Estado mínimo debe ser lo suficientemente fuerte para proteger derechos negativos, entre ellos el de expresarse sin temor a represalias oficiales.

Milei ha logrado algo notable en poco tiempo: ha desplazado el eje del debate público hacia las ideas de la libertad y ha demostrado que es posible gobernar contra el establishment cultural. Pero la consolidación de ese cambio requiere algo más que audacia retórica. Requiere coherencia institucional y la comprensión de que la libertad de prensa, aunque molesta, es condición de posibilidad de la propia libertad política.

La tentación de responder al fuego con más fuego es comprensible en un país que durante décadas ha sufrido el periodismo militante y la impunidad de los poderosos. Pero la respuesta liberal no puede ser simétrica a la barbarie. Debe ser superior. Debe mostrar que se puede derrotar al adversario ideológico sin incendiar las instituciones que hacen posible el disentimiento civilizado.

El episodio de la causa $LIBRA y sus repercusiones ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de liberalismo queremos construir. Uno que use el Estado para proteger la crítica pública o uno que, en nombre de la emergencia, comience a erosionar los límites que separan el poder de la venganza. La historia, como bien sabe Milei, no suele ser generosa con quienes eligen el segundo camino.