El salario mínimo de un millón: un experimento que ignora la dispersión del conocimiento

La Secretaría de Trabajo ha decidido impulsar una referencia salarial de $1.070.000 brutos mensuales para los convenios colectivos que se renegocien en agosto de 2026. La cifra, que equivale a un salario mínimo de un millón de pesos, no es un piso legal obligatorio para todos los trabajadores, pero sí una señal fuerte que busca condicionar las paritarias y elevar el piso de negociación en varios sectores.

Desde una perspectiva liberal, esta jugada ilustra con claridad los límites del intervencionismo estatal en el mercado laboral. Como advertía Ludwig von Mises hace casi un siglo, el salario mínimo genera desempleo cuando se fija por encima de la productividad marginal del trabajador. En Argentina, donde la productividad media es baja y la inflación crónica ha destruido el valor real de los salarios, elevar artificialmente el piso no resuelve la pobreza: la agrava al expulsar del mercado formal a quienes menos productivos resultan.

¿Quiénes podrían verse alcanzados por esta referencia? Principalmente trabajadores de sectores con baja calificación y alta informalidad: comercio minorista, gastronomía, hotelería, construcción y parte de la industria textil y de servicios. También impactaría en convenios de la administración pública provincial y municipal, donde los ajustes automáticos suelen replicar estas referencias. Según estimaciones privadas, alrededor del 35% de los asalariados registrados podrían quedar bajo presión para que sus remuneraciones se alineen con este nuevo umbral.

El impacto en los sueldos registrados sería inmediato y perverso. Las empresas que no pueden absorber el incremento trasladarán el costo a precios, generando más inflación. Otras, simplemente, no contratarán o pasarán parte de su plantilla a la informalidad. El resultado previsible es el que la historia argentina ya ha demostrado en cada intento similar: mayor brecha entre el sector formal y el informal, y destrucción de empleo de calidad.

Aquí aparece con fuerza el concepto hayekiano de dispersión del conocimiento. Ningún funcionario de la Secretaría de Trabajo, por bien informado que esté, puede conocer las condiciones particulares de productividad, rentabilidad y expectativas de cada una de las miles de pymes argentinas. El salario es información: refleja la valoración subjetiva que el empleador hace del aporte marginal del trabajador. Fijarlo por decreto equivale a negar esa información y reemplazarla por una pretensión de conocimiento que, como señaló Friedrich Hayek, es la raíz del error constructivista.

La pulseada que se abre con sindicatos y empresas es, en realidad, un triángulo de intereses contrapuestos. Los sindicatos más poderosos verán en la referencia un argumento para exigir aumentos por encima de la inflación, aunque eso acelere la destrucción de empleo en los sectores más débiles. Las empresas, especialmente las más pequeñas, intentarán resistir o negociar excepciones. El Estado, mientras tanto, se presenta como árbitro cuando en realidad es parte interesada: una porción importante de su recaudación depende de que los salarios sigan creciendo nominalmente para sostener la presión tributaria.

Conviene recordar que el salario mínimo no es un acto de generosidad estatal sino una coerción sobre terceros. Obliga al empleador a pagar más de lo que la productividad justifica o a prescindir del trabajador. En un país con más de 40% de informalidad laboral, elevar el piso formal equivale a condenar a más personas a la exclusión del sistema de protección social y jubilatorio.

La evidencia histórica es contundente. Cada vez que Argentina elevó artificialmente los salarios mínimos sin ganancia previa de productividad, el resultado fue mayor desempleo juvenil, caída de la formalización y aceleración inflacionaria. La solución no pasa por decretos de salario mínimo de un millón de pesos, sino por políticas que permitan que la productividad real aumente: reducción drástica de la carga tributaria sobre el trabajo, estabilidad monetaria, apertura comercial y desregulación laboral que permita a cada individuo negociar libremente las condiciones que mejor se adapten a su realidad.

Mientras el Gobierno impulse referencias salariales que ignoran las condiciones reales del mercado, seguirá reproduciendo el mismo ciclo que nos ha llevado a la decadencia. La libertad de contratación, y no la pretensión de conocimiento de los planificadores, es la única vía para que los salarios reflejen genuinamente el valor que cada trabajador crea. Todo lo demás es ilusión redistributiva que, como siempre, termina pagando el más débil.