El apellido del exsecretario de Transporte de Milei aparece en concesión de rutas: “No tengo relación

El gobierno nacional avanza con la concesión de más de 680 kilómetros de rutas nacionales al sector privado, incluyendo el cobro de peaje. El Tramo Centro, que abarca rutas clave del centro del país, fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Afema, Pablo Federico e Hijos y la catamarqueña Guido Mogetta SA.

El apellido Mogetta, idéntico al del exsecretario de Transporte de Javier Milei, generó inmediato ruido político. Franco Mogetta, quien dejó el cargo hace meses, se apuró a aclarar públicamente que “no tengo relación con la empresa”. La precisión fue necesaria en un contexto donde cualquier sombra de conflicto de intereses es utilizada como munición por la oposición.

La decisión forma parte de la estrategia de desestatización de la infraestructura vial que impulsa el Ejecutivo. El modelo implica que las empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento a cambio de la explotación de los peajes. Para los defensores de esta visión, representa un paso lógico hacia la eficiencia: quien usa paga y quien paga exige servicio de calidad, alejando al Estado de una tarea que históricamente ha gestionado con resultados mediocres y costos elevados.

Sin embargo, la aparición del apellido Mogetta reaviva un debate recurrente en la Argentina. ¿Es posible que un funcionario se retire del gobierno y su familia o personas con el mismo apellido participen de licitaciones sin que ello implique favoritismo? El exsecretario fue categórico en su desmentida, pero la mera coincidencia ya alimenta el relato de que la “casta” se recicla bajo nuevas formas.

Desde una perspectiva liberal, el problema no radica necesariamente en el apellido sino en la opacidad con que se manejan estas concesiones. Si el proceso fue transparente, con pliegos claros, ofertas competitivas y fiscalización adecuada, el vínculo familiar —o la falta de él— debería ser irrelevante. El mérito de la propuesta técnica y económica debe primar. Pero si existen indicios de que el conocimiento previo o las relaciones facilitaron el acceso, entonces estamos ante un caso clásico de captura regulatoria que tanto criticamos en el progresismo.

Guido Mogetta SA es una constructora con trayectoria en Catamarca. Su participación en la UTE no parece anómala en términos técnicos. Empresas de ese tamaño suelen aliarse para absorber el riesgo de concesiones grandes. Lo que genera ruido es el contexto político: un gobierno que llegó prometiendo terminar con los negociados y que ahora debe demostrar que sus licitaciones resisten el escrutinio más exigente.

Este caso ilustra una tensión inherente al proceso de reforma liberal en Argentina. Por un lado, es imprescindible reducir el tamaño del Estado y transferir al sector privado actividades que este realiza de manera ineficiente. Por otro, la transición debe ser impecable en términos de probidad para no regalarle argumentos a quienes defienden el statu quo estatista.

La oposición ya califica el proceso como “entrega de rutas” y señala que el cobro de peaje terminará recayendo sobre el “pueblo trabajador”. El argumento es previsible y falaz: hoy el mantenimiento de esas rutas lo pagan todos los argentinos vía impuestos, incluso quienes nunca las transitan. El peaje, en cambio, hace que pague quien usa. Es un principio de responsabilidad individual que debería ser obvio, pero que choca con décadas de relato redistributivo.

Lo que realmente importa es si estas concesiones logran mejorar la calidad de las rutas, reducir los tiempos de viaje y bajar los costos logísticos que tanto afectan la competitividad argentina. Si la UTE cumple, el apellido Mogetta pasará a ser una anécdota. Si fracasa o si aparecen irregularidades, se convertirá en prueba de que el cambio no fue tan profundo como se prometió.

Victoria Mansilla, analista político-cultural, observa estos procesos con atención. La batalla cultural que rodea cada licitación es tan importante como la licitación misma. Cada adjudicación será leída no solo por su eficiencia económica sino por su coherencia con el discurso anti-casta que llevó a Milei al poder. La transparencia absoluta y la meritocracia real son las únicas herramientas que pueden desarmar los ataques previsibles.

En definitiva, negar cualquier relación es el primer paso. Demostrar con hechos que la empresa ganó por mérito y no por apellido será el desafío que el gobierno y la UTE deberán enfrentar en los próximos meses. La Argentina liberal que se construye no puede permitirse ni la más mínima sospecha de que los viejos vicios sobreviven bajo nueva administración.