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Lula ganó, pero se viene lo peor: ¿crisis e impeachment en Brasil?

Tras la reelección de Lula, Brasil enfrenta una combinación explosiva de estancamiento económico, polarización política y escándalos que amenazan con llevar al gobierno a una crisis terminal y un posible impeachment.

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Fachada de un edificio institucional genérico de estilo clásico
(CC BY 4.0 — libre difusión con atribución a Q Company)

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 parecía consolidar el retorno del petismo al poder. Sin embargo, en 2026 el panorama es dramáticamente distinto. Lo que comenzó como un gobierno de transición se ha convertido en una administración debilitada por la lentitud del crecimiento, la inflación persistente y una base política cada vez más fragmentada.

Andrés Malamud y Pablo Castro, en un análisis publicado por El Economista, advierten que el segundo mandato de Lula está ingresando en su fase más riesgosa. La economía brasileña muestra claros signos de agotamiento: el PIB crece por debajo de las expectativas, la deuda pública se acerca a niveles insostenibles y la confianza de los inversores se evapora ante la falta de reformas estructurales.

El principal problema no es solo económico. La coalición que sostiene al gobierno en el Congreso es amplia pero inestable, construida sobre acuerdos clientelistas que se vuelven cada vez más costosos. Cada nueva crisis —sea fiscal, ética o de seguridad— exige más concesiones, reduciendo el margen de maniobra del Ejecutivo.

A esto se suma la polarización heredada de los años de Bolsonaro. Aunque el expresidente ya no ocupa el Planalto, su movimiento sigue siendo una fuerza disruptiva que impide cualquier consenso amplio. Lula, que en su primer mandato supo tender puentes, hoy aparece como un líder cansado, rodeado de un entorno que repite vicios del pasado: escándalos de corrupción que, aunque menores que los del Mensalão o Lava Jato, erosionan la credibilidad del PT.

El fantasma del impeachment, que ya derrocó a Dilma Rousseff en 2016, vuelve a planear. La Constitución brasileña permite un proceso de destitución por “crimen de responsabilidad”, figura lo suficientemente amplia como para que cualquier mayoría opositora la utilice cuando el gobierno pierde apoyo popular. Con una aprobación que ronda el 30 %, Lula se encuentra en zona de peligro.

Desde una perspectiva liberal, el caso brasileño ilustra los límites de un modelo que combina intervencionismo económico con corporativismo político. Sin reformas que reduzcan el peso del Estado, incentiven la productividad y garanticen estabilidad de reglas, cualquier gobierno —sea de izquierda o de derecha— termina atrapado en la misma dinámica de populismo fiscal y degradación institucional.

Malamud y Castro señalan que el peor escenario no es una caída abrupta, sino una parálisis prolongada: un presidente cada vez más débil, un Congreso dedicado al reparto de prebendas y una sociedad cada vez más desencantada. En ese contexto, la tentación autoritaria —tanto desde la izquierda como desde la derecha— crece.

Brasil sigue siendo la economía más grande de América Latina y un actor geopolítico relevante. Su crisis no solo afecta a sus 200 millones de habitantes: impacta en la región entera, incluyendo a la Argentina, que comparte con su vecino la misma tentación recurrente de postergar reformas dolorosas a cambio de estabilidad política aparente.

La lección que surge es clara. La democracia no se consolida solo con elecciones; requiere instituciones fuertes, reglas fiscales creíbles y una cultura política que valore la responsabilidad por sobre la redistribución clientelar. Lula ganó las elecciones, pero la gobernabilidad que necesita para terminar su mandato parece cada vez más lejana. El año que viene puede ser el del quiebre.

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