El oficialismo logra dictamen de Presupuesto 2027 con apoyo clave de Jaldo y Jalil
Con 27 firmas, el gobierno consiguió mayoría en la Comisión de Presupuesto gracias al respaldo del PRO, la UCR y gobernadores peronistas no kirchneristas. Se eliminaron los artículos que afectaban el sistema de protección a la discapacidad.
El gobierno nacional obtuvo este lunes el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La victoria legislativa se alcanzó con el respaldo de aliados tradicionales y, de manera más significativa, de dos gobernadores peronistas que rompieron con la ortodoxia kirchnerista: Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca.
Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión, confirmó que se reunieron 27 firmas sobre un total de 49 miembros. De ellas, 20 corresponden a legisladores de La Libertad Avanza y las siete restantes a fuerzas aliadas. Cinco de estos últimos firmaron con disidencias parciales, lo que revela que el acuerdo fue negociado punto por punto y no exento de tensiones.
Entre los firmantes aliados se destacan Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis (PRO), Pamela Verasay (alineada con Alfredo Cornejo), Nancy Picón Martínez (vinculada a Marcelo Orrego de San Juan), Sebastián Nóblega (que responde a Jalil), Elia Fernández (emisaria de Jaldo) y Eduardo Falcone (MID). El apoyo de Jaldo y Jalil no es casual: ambos representan una corriente peronista pragmática que prioriza la gobernabilidad y la responsabilidad fiscal por sobre la confrontación ideológica.
En el otro extremo, los 18 diputados de Unión por la Patria firmaron un dictamen de minoría propio, mientras que los representantes de Provincias Unidas (Carolina Basualdo y Jorge Rizzotti) y Oscar Herrera Ahuad optaron por no acompañar el texto oficialista.
Un punto relevante del acuerdo fue la eliminación de los artículos de la versión original del Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad. Laura Rodríguez Machado, del bloque libertario, confirmó la modificación antes de la firma, lo que sugiere que el gobierno cedió en un punto sensible para evitar que el debate se polarizara en torno a cuestiones humanitarias.
Desde una perspectiva liberal, este dictamen representa un avance modesto pero concreto en la dirección correcta. Argentina arrastra un problema estructural de gasto público excesivo que el Presupuesto 2027 busca, al menos en los papeles, comenzar a corregir. El hecho de que el oficialismo haya necesitado negociar con gobernadores peronistas disidentes ilustra la fragmentación del mapa político y la imposibilidad de imponer un programa radical sin construir mayorías.
Sin embargo, conviene recordar que un dictamen de comisión es solo el primer escalón. El texto deberá debatirse en el recinto, donde las presiones de los sectores más resistentes al ajuste volverán a manifestarse. Además, la verdadera prueba no reside en las firmas obtenidas sino en la ejecución posterior: si el gasto termina siendo mayor al proyectado o si la emisión monetaria se utiliza nuevamente como variable de ajuste, el esfuerzo legislativo habrá sido en vano.
El apoyo de Jaldo y Jalil confirma una tendencia observable desde hace meses: ciertos caudillos provinciales del peronismo han comprendido que el modelo de déficit crónico, emisión e inflación ya no es sostenible ni electoralmente rentable. Esta fractura dentro del peronismo es, quizá, el dato político más relevante del día. No se trata de una conversión ideológica al liberalismo, sino de un realismo fiscal impuesto por la realidad.
Como señalaba Hayek, las instituciones y los órdenes sociales no responden fácilmente a diseños racionales impuestos desde arriba. El Presupuesto 2027 no resolverá de un plumazo los problemas argentinos, pero puede constituir un paso hacia una mayor disciplina fiscal si se respeta su letra y su espíritu. La verdadera batalla, como siempre, no termina con la firma del dictamen sino con la capacidad de sostener las reglas en el tiempo.
El desafío del gobierno será ahora convertir este acuerdo parlamentario en una política pública consistente que reduzca el peso del Estado sobre la economía sin generar nuevos privilegios ni excepciones que terminen capturando el proceso. Solo así el Presupuesto dejará de ser un mero documento contable para convertirse en una herramienta de ordenamiento institucional de largo plazo.